SÃO PAULO.- La Cámara de Diputados de Brasil dio este miércoles un paso clave hacia la reducción de la jornada laboral semanal, tras la aprobación en comisión de una propuesta de reforma constitucional que busca disminuir las horas de trabajo de 44 a 40 semanales y poner fin al esquema de seis días laborados por uno de descanso.
La iniciativa recibió el respaldo de 34 legisladores frente a cuatro votos en contra en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), lo que permitió que el texto avanzara al pleno de la Cámara Baja, donde deberá enfrentar un proceso de votación más exigente antes de continuar su trámite en el Senado.
El proyecto contempla una transición gradual para facilitar la adaptación de empresas y sectores productivos. Según el texto aprobado, dos meses después de la eventual promulgación de la enmienda, la jornada máxima pasará de 44 a 42 horas semanales y se garantizarán dos días de descanso remunerado, uno de ellos preferiblemente en domingo. Doce meses más tarde entraría en vigor la reducción definitiva a 40 horas semanales.
La propuesta también preserva los acuerdos colectivos y regímenes especiales ya existentes en sectores considerados esenciales, entre ellos salud, transporte, seguridad y limpieza urbana, que podrán mantener escalas diferenciadas siempre que respeten el límite de ocho horas diarias y dos jornadas de descanso.
Además, prevé que una legislación complementaria establezca reglas específicas para microemprendedores y pequeñas empresas, con el objetivo de evitar impactos negativos en el empleo. Al tratarse de una modificación constitucional, el proyecto necesitará el respaldo de al menos tres quintos de los diputados, equivalente a 308 votos, en dos rondas de votación en el pleno.
El avance de la propuesta coincide con la estrategia política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha impulsado la reducción de la jornada laboral como una de las principales banderas de su agenda de Gobierno de cara al escenario electoral. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia de sectores empresariales e industriales.
La Confederación Nacional de la Industria (CNI) advirtió que la medida podría incrementar en hasta un 7 % anual los costos laborales de los trabajadores formales, lo que ha intensificado el debate entre sindicatos, empresarios y fuerzas políticas sobre el impacto económico de la reforma.
