Santo Domingo.- Aunque el nuevo reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) sobre las encuestas electorales ha generado fuertes críticas en sectores políticos, empresariales y vinculados a la opinión pública, lo cierto es que la regulación de las firmas encuestadoras no es nueva en República Dominicana.
El reglamento establece una serie de normativas estrictas para el manejo y publicación de datos electorales recopilados por estas empresas. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la prohibición expresa a las encuestadoras de utilizar resultados de estudios realizados por sus predecesores o competidores, lo que ha generado un debate acalorado en el ámbito político y mediático del país.
