Pekín.- Las autoridades chinas han abierto una investigación contra Li Xiaohong, exdirector de la Oficina del Grupo Dirigente Central de Inspección, por presuntas «graves violaciones de la disciplina y de la ley», informaron este martes las autoridades.
La Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y la Comisión Nacional de Supervisión, los principales brazos anticorrupción del partido y el Estado, señalaron en un breve comunicado que Li está siendo sometido a una revisión disciplinaria y una investigación de supervisión, sin ofrecer más detalles.
En China, la fórmula «graves violaciones de la disciplina y de la ley» suele emplearse para anunciar pesquisas que con frecuencia terminan vinculadas a casos de corrupción, sobornos u otros delitos económicos.
Lí dirigió la oficina encargada de coordinar las inspecciones internas del PCCh, un mecanismo vinculado al aparato disciplinario del partido y utilizado para supervisar a ministerios, gobiernos locales, empresas estatales y otras instituciones públicas.
Según el diario financiero Caixin, que cita fuentes conocedoras del caso, Li fue apartado para ser investigado después del 21 de mayo y, posteriormente, al menos cuatro personas quedaron implicadas en las pesquisas, entre ellas su secretario, Zhao Dawei, actualmente funcionario en la Comisión Reguladora de Valores de China, así como varios antiguos directivos de una correduría de valores.
La apertura de una investigación contra un antiguo responsable del sistema de inspección del propio partido gobernante resulta significativa, dado que este mecanismo constituye una de las principales herramientas empleadas por el liderazgo chino para reforzar la disciplina interna y detectar irregularidades internas.
El caso se suma a una serie de pesquisas recientes contra altos cargos de organismos públicos, empresas estatales y sectores considerados estratégicos.
Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente chino, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y ejecutivos de grandes conglomerados estatales.
La campaña ha sido presentada por las autoridades como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinados responsables de la vida política.
