Bogotá.- María Claudia Tarazona, viuda del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto del año pasado tras resultar herido en un atentado en Bogotá dos meses antes, aseguró este viernes que la Fiscalía investiga si el asesinato de su esposo fue un crimen de Estado.
"Yo creo que vamos a saber si esto fue o no un crimen de Estado. Es una teoría que la Fiscalía tiene y que no descartamos", dijo Tarazona en una entrevista con Blu Radio, en la que señaló que ayer se reunió con "el equipo especializado de investigación" para elaborar "un mapa" del caso.
La viuda del político manifestó que "el Gobierno colombiano intervino en el asesinato de Miguel", quien era miembro del partido derechista Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Al acercarse el primer aniversario del atentado, Tarazona señaló que el Gobierno "dio la orden" e incluso que un representante del Ejecutivo, cuya identidad no reveló, se reunió con los criminales que asesinaron a su marido.
El senador Uribe Turbay, de 39 años, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio de 2025 en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de permanecer más de dos meses ingresado en una clínica.
Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó a Uribe Turbay.
Simeón Pérez Marroquín, alias "El Viejo", uno de los condenados, dijo durante el juicio que "el grupo que ordenó el atentado contra el senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.
Por esa razón, en marzo pasado las autoridades ordenaron la captura de siete jefes de la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, por su presunta implicación en el magnicidio.
La viuda del político conservador señaló que parte del dinero con el que se pagó el asesinato "salió de Venezuela", donde supuestamente se refugian los líderes de la Segunda Marquetalia, aunque advirtió que, hasta que "no haya otras capturas", no recibirán "más información".
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, señaló en marzo que el magnicidio "no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructural que involucró tanto a una red delictiva urbana controlada, que operó como un ‘outsourcing’, como a un grupo armado organizado residual, que es la Segunda Marquetalia", una disidencia que dejó de negociar la paz con el Gobierno en noviembre de 2024.
