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PUERTO PLATA .- A pesar del rechazo contundente de residentes, ambientalistas y sectores educativos, continúan a ritmo acelerado los trabajos para la instalación de una funeraria con horno crematorio en la avenida 26 de Agosto.
La obra, que se ejecuta tras un verjado que impide la visibilidad exterior, ha generado profunda indignación en una zona caracterizada por ser un núcleo residencial, comercial y educativo. Los vecinos denuncian que, a escasos metros del proyecto, operan más de cuatro centros educativos y residen familias con condiciones delicadas de salud, incluyendo el entorno cercano al doctor Francisco Matos Herrera.
Principales preocupaciones de la comunidad:
- Impacto Ambiental y Salud: Temor a la emanación de humos, olores fuertes y partículas contaminantes en una zona de alta densidad poblacional.
- Caos Vehicular: Preocupación por la congestión del tráfico, especialmente en horas pico, comprometiendo la seguridad de los estudiantes de niveles inicial y básico.
- Uso de Suelo: Argumentan que el perímetro de la 26 de Agosto, colindante con el Residencial Bayardo, no es compatible con el impacto de un horno crematorio, contraviniendo normativas que exigen ubicar estos servicios en zonas industriales o periféricas.
Aunque los promotores del proyecto aseguran contar con permisos del Ayuntamiento, Salud Pública y Medio Ambiente, la comunidad insiste en que las autoridades deben frenar la instalación. Los afectados advierten que permitir este centro en un entorno urbano densamente poblado y educativo contraviene los protocolos sanitarios básicos, además de frenar el desarrollo de inversiones en una de las áreas más pujantes de Puerto Plata.
Exigen transparencia y revisión de permisos
Hasta el momento, las autoridades municipales y de Planeamiento Urbano han mantenido un silencio que ha exacerbado el malestar ciudadano. Ante esta situación, los residentes han solicitado formalmente una revisión exhaustiva de los permisos otorgados, cuestionando cómo se autorizó la instalación de una industria de alto impacto en un núcleo habitacional y escolar. “Las autoridades deben entender que la normativa exige distancias mínimas y protocolos estrictos que, en este caso, se están ignorando por completo; no permitiremos que se sacrifique la salud y el entorno de nuestras familias por intereses particulares”, expresaron representantes de la Junta de Vecinos.
