Los Ángeles.- Un juez federal de Estados Unidos declaró este lunes ilegal la política impulsada por la administración del presidente Donald Trump que imponía un cobro de 100.000 dólares a las nuevas solicitudes de visas H-1B, utilizadas por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros altamente cualificados.
La decisión representa un importante revés para la Casa Blanca en materia migratoria y laboral, al considerar que el Gobierno excedió las facultades que le otorga la ley al establecer la tarifa sin la autorización expresa del Congreso. El fallo fue emitido por el juez federal Leo Sorokin, quien dio la razón a una coalición de 20 estados que presentó una demanda para impugnar la medida.
Según el magistrado, la administración federal “se extralimitó” en sus competencias al imponer el cobro de manera unilateral. La tarifa fue anunciada en septiembre pasado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien defendió la iniciativa argumentando que buscaba incentivar a las grandes corporaciones estadounidenses a contratar más trabajadores nacionales en lugar de recurrir a profesionales extranjeros.
No obstante, el tribunal concluyó que el cobro equivale en la práctica a un impuesto y, por tanto, solo puede ser autorizado por el poder legislativo. En su resolución de 42 páginas, Sorokin subrayó que el Ejecutivo carece de autoridad para establecer una carga económica de esa magnitud sin respaldo congresual.
Las visas H-1B, creadas por el Congreso estadounidense, permiten a empresas contratar profesionales extranjeros especializados en áreas como tecnología, ingeniería, medicina, ciencias y finanzas. Actualmente existe un límite anual de 65.000 visas bajo este programa, además de 20.000 adicionales destinadas a personas con títulos de maestría o grados superiores obtenidos en universidades estadounidenses.
La demanda fue liderada por el estado de California, donde se encuentran numerosas compañías tecnológicas que dependen de este mecanismo migratorio para reclutar talento internacional. Diversos sectores empresariales y organizaciones especializadas habían expresado preocupación por el impacto de la medida.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración advirtió que el cobro no solo afectaría a la industria tecnológica, sino también a sectores estratégicos como la agricultura, la salud, la energía renovable y la investigación científica. La directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, Shev Dalal-Dheini, criticó duramente la iniciativa y aseguró que fue diseñada para generar incertidumbre entre empleadores y trabajadores extranjeros.
Además, expertos en inmigración cuestionaron la falta de claridad sobre la implementación de la tarifa, especialmente respecto a posibles exenciones y a los criterios aplicables a los nuevos solicitantes. La decisión judicial supone una victoria para las empresas que dependen de mano de obra altamente especializada y para miles de profesionales extranjeros que aspiraban a trabajar en Estados Unidos bajo el programa H-1B.
Sin embargo, se espera que la administración Trump evalúe nuevas acciones legales para defender una medida que consideraba clave dentro de su estrategia para priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses. El caso también reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección del empleo nacional y la necesidad de atraer talento internacional en sectores donde la demanda de profesionales especializados continúa superando la oferta disponible en el mercado laboral estadounidense.
