COLOMBIA.- Un inédito intento de suspender provisionalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, provocó una fuerte polémica política este miércoles, cuando faltan apenas once días para la segunda vuelta presidencial que definirá al próximo mandatario del país.
La medida cautelar fue impulsada por la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y miembro del mismo partido de gobierno, el Pacto Histórico. La congresista argumentó que el mandatario habría incurrido en participación política al pronunciarse sobre la campaña electoral, una conducta prohibida para quienes ejercen la Presidencia.
Sin embargo, la decisión fue ampliamente cuestionada por expertos, funcionarios y dirigentes políticos debido a que, según la Constitución colombiana, una eventual suspensión del jefe de Estado solo puede ser decretada por el Senado tras un proceso formal de acusación.
Desde Nueva York, donde participó en actividades del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Petro rechazó las acusaciones y aseguró que no ha intervenido en política. El mandatario sostuvo que las críticas en su contra responden a diferencias ideológicas y defendió su derecho a expresar opiniones dentro del marco constitucional.
La controversia se produce en medio de una intensa campaña electoral que enfrentará en segunda vuelta al candidato de derecha Abelardo de la Espriella y al aspirante de izquierda Iván Cepeda.
En el documento emitido inicialmente por Arizabaleta se planteaba que la permanencia de Petro en el cargo podría afectar el desarrollo de la investigación abierta por presunta participación política. No obstante, especialistas en derecho constitucional señalaron que la medida carecía de sustento legal.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la iniciativa como improcedente y recordó que ninguna representante individual tiene facultades para apartar temporalmente al presidente de sus funciones.
Posteriormente, la propia Arizabaleta dejó sin efecto la decisión inicial y presentó un nuevo recurso para que sea analizado y votado por el pleno de la Comisión de Investigación y Acusación.
Juristas consultados coincidieron en que cualquier suspensión presidencial requiere un procedimiento mucho más complejo y la intervención del Senado de la República, tal como establece la Constitución.
La polémica también desató una ola de críticas desde distintos sectores políticos. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella calificó el episodio como una maniobra diseñada para favorecer al mandatario y reforzar su discurso de victimización en plena campaña electoral.
Por su parte, el expresidente Iván Duque cuestionó la legalidad de la medida y sugirió que el episodio podría estar orientado a permitir una mayor intervención política de Petro en el proceso electoral.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también rechazó la iniciativa y aseguró que se trata de una estrategia que busca generar tensión institucional a pocos días de las elecciones.
La controversia se suma al clima de alta polarización que vive Colombia en la recta final de la campaña presidencial, donde las disputas políticas y jurídicas continúan marcando el debate nacional.
