San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia este miércoles que ordena al Estado venezolano cerrar el edificio gubernamental conocido como El Helicoide, un centro de detención acusado de ser utilizado para la tortura. La decisión fue tomada en respuesta a un caso específico relacionado con la detención ilegal de Jorge Rojas, estudiante y activista político, ocurrida en 2003.
La CorteIDH determinó que el cierre del centro de detención debe llevarse a cabo dentro de los próximos 18 meses desde la notificación oficial de esta sentencia. Además, se dispuso que cualquier traslado de personas privadas de libertad en El Helicoide debe realizarse conforme a las normas establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En su fallo, la CorteIDH destacó que diversas instituciones y organismos internacionales han documentado casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia personas detenidas en El Helicoide. Entre ellos se encuentra la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La sentencia también señala que Jorge Rojas, quien fue arrestado durante una protesta pacífica en 2003, sufrió actos de tortura a manos de agentes estatales mientras estaba bajo custodia. La CorteIDH declaró al Estado venezolano responsable por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Rojas.
El Tribunal internacional concluyó que la detención y el trato recibido por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) constituyen una violación clara del derecho a la integridad personal, libertad de expresión y participación política. La sentencia también menciona que Rojas fue sometido a golpes en distintas partes de su cuerpo, amenazas de violencia sexual y simulacros de ejecución.
En agosto de 2004, un tribunal venezolano condenó a Rojas a cuatro años y seis meses de cárcel por los delitos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Sin embargo, en junio de 2009, el Tribunal de Primera Instancia Sexto de Ejecución declaró la extinción de la responsabilidad penal de Rojas y ordenó su libertad plena.
