Santiago.- El Ministerio Público ha identificado al municipio de Jacagua y el sector Los Cocos como los centros operativos de una estructura internacional de ciber-extorsión que estafó a más de 400 ciudadanos estadounidenses, según datos validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los miembros de la red diseñaban y publicaban anuncios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios supuestamente proporcionados por mujeres. Para mantener el anonimato, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses que redirigían las llamadas y mensajes a Santiago.
Una vez contactada la víctima, conocida en la estructura como “Panchos”, los operadores, denominados “tiradores”, solicitaban datos básicos, fotografías y adelantos de pago mediante tarjetas regalo. Con el número real del usuario, realizaban capturas de pantalla para obtener información detallada sobre sus objetivos a través de plataformas de recopilación de registros públicos.
Con este perfil en mano, un miembro de la organización se comunicaba nuevamente con la víctima haciéndose pasar por el “encargado o administrador” y exigía una multa o compensación económica bajo amenazas agresivas. Si la víctima no pagaba, la red enviaba mensajes intimidatorios atribuidos a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas.
Para burlar los controles antiblanqueo, los fondos eran transferidos a cuentas en EE. UU., luego enviados a República Dominicana mediante remesadoras como Caribe Express y Western Union, cobrando comisiones del 15% al 30%. El Ministerio Público ha incautado decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero y barras de oro.
El expediente detalla cómo un grupo de jóvenes de Santiago utilizó la tecnología y el terror psicológico para crear una estafa transnacional altamente rentable. El próximo lunes, la juez del juzgado de Atención Permanente evaluará las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción.
El órgano acusador ha aportado movimientos bancarios por decenas de millones de pesos dominicanos y reportes que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, además de listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
