BRASIL.- La corte suprema brasileña condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus intentos de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera a favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por golpismo.
El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por intentar aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
La sentencia, que aún puede ser apelada, fija cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto para Eduardo Bolsonaro, acusado de «coacción» contra la corte mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que presionara en favor de su padre.
«No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país», sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes.
La justicia condenó al exdiputado en medio de tensiones entre Washington y Brasilia tras un encuentro en mayo entre Trump y otro hijo del expresidente brasileño, el senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula para los comicios presidenciales de octubre.
Cuatro jueces de la corte acogieron el argumento de la fiscalía, que imputó a Eduardo Bolsonaro por «amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes» con que conseguiría «de las autoridades estadounidenses sanciones (…) si el proceso no acababa» como era deseable para su padre.
Eduardo Bolsonaro también quedará inelegible para cargos públicos por ocho años tras cumplir su pena.
El hijo del exmandatario se ha reunido con autoridades del gobierno de Trump y se ha vinculado con redes políticas conservadoras estadounidenses para conseguir apoyo para su padre.
Este lobby resultó eficaz al principio: Washington impuso en 2025 aranceles del 40% a productos brasileños, luego de que Trump calificara como una «cacería de brujas» el juicio a su aliado Bolsonaro.
Luego de un acercamiento entre Lula y Trump, buena parte de los aranceles fueron retirados, así como sanciones financieras que Washington había impuesto al juez Moraes tras pedido de Eduardo Bolsonaro.
