Santo Domingo.- Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, explicó en el programa El Día (Telesistema, canal 11) que han aprendido a reducir el número de implicados en los entramados de corrupción para acelerar su conocimiento en tribunales. En referencia al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Camacho detalló que este está afectado por tres estructuras, cada una con sus ramificaciones.
La primera estructura fue liderada por Santiago Hazim, exdirector de Senasa. La segunda, encabezada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, ex auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas, pertenece a una línea de investigación que involucra a otras personas pendientes de ser procesadas. Finalmente, la tercera estructura está relacionada con el Oncológico de Santiago.
Camacho afirmó: “Este caso es tan grande que nosotros no estamos convencidos de que un 2.0 sea suficiente para abarcar a todas las personas involucradas”. Según Camacho, han procurado reducir el número de imputados en los procesos para acelerar su conocimiento en tribunales.
En diciembre del año pasado, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Mientras que en prisión domiciliaria se encuentran Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella.
En mayo de este año, un juez impuso 18 meses de prisión preventiva a Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien estuvo vinculado a la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano y en perjuicio del Senasa desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022.
Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que Guzmán Vásquez tenía acceso a las fuentes de información y programas privilegiados del Senasa. Facturaron servicios sin ser ofrecidos debido al acceso privilegiado.
Este mes, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva en contra de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. También, contra Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta, y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Igualmente, se solicitó prisión preventiva para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta. Ella ocupó la Vicepresidencia del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente.
Los tres supuestamente sustrajeron fondos millonarios del Senasa en perjuicio de los pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano a través de maniobras fraudulentas.
