Río de Janeiro.- La Corte Suprema de Brasil ha emitido una decisión que impone nuevas regulaciones a las plataformas digitales operativas en el país, incluyendo la obligación de contar con una sede y un representante legal autorizado para responder ante las autoridades judiciales y administrativas brasileñas.
Esta medida surge como parte del proceso de implementación de un fallo emitido por el Supremo Tribunal Federal (STF) en junio de 2025, que estableció la responsabilidad legal de las redes sociales cuando no adoptan medidas adecuadas para prevenir o eliminar publicaciones ilegales.
Al resolver los recursos presentados por empresas tecnológicas, el máximo tribunal confirmó que compañías como Facebook, Instagram y X deberán garantizar una representación formal en Brasil con capacidad para atender requerimientos oficiales, proporcionar información sobre sus servicios y cumplir las resoluciones judiciales. Además, estas plataformas asumirán eventuales sanciones o multas.
Los magistrados otorgaron un plazo de 60 días a las empresas para adaptar sus sistemas y mecanismos internos a las nuevas exigencias, incluyendo la implementación de medidas preventivas destinadas a limitar la difusión masiva de contenidos considerados ilegales.
Las disposiciones establecen que deben eliminarse inmediatamente publicaciones relacionadas con terrorismo, ataques al orden democrático, racismo, pornografía infantil, incitación al suicidio o a la automutilación, violencia contra las mujeres y otros delitos graves que afecten a niños y adolescentes.
El tribunal aclara que la responsabilidad de las plataformas no será automática. Esta dependerá de la comprobación de una “falla sistémica” en sus sistemas de prevención o remoción de contenidos, y no simplemente de la existencia aislada de una publicación ilegal.
Además, se incorporó una salvaguarda propuesta por el presidente del Supremo, Edson Fachin, que permitirá a las empresas evitar sanciones si logran demostrar que existía una duda razonable sobre la ilegalidad del contenido cuestionado.
La nueva reglamentación también establece responsabilidad compartida en determinados casos, especialmente cuando las plataformas no actúen frente a cuentas falsas denunciadas o mecanismos utilizados para amplificar de forma artificial contenidos ilícitos. Además, las empresas deberán desarrollar sistemas de autorregulación, habilitar canales de atención para usuarios y no usuarios, y divulgar informes periódicos de transparencia sobre denuncias, publicidad y promoción de contenidos.
Con la decisión adoptada este miércoles, el Supremo declaró concluido de manera definitiva el proceso, cerrando la posibilidad de nuevos recursos contra la sentencia.
