La Habana.- El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) dio luz verde este lunes a las reformas económicas avanzadas el pasado viernes por el presidente del país y primer secretario de la formación, Miguel Díaz-Canel.
Este organismo clave del poder político en la isla celebró un pleno extraordinario para evaluar con urgencia un paquete de medidas que prometen liberalizar y descentralizar la economía cubana, sumida en una profunda crisis por motivos internos y externos.
Poco después del inicio de la reunión, el PCC apuntó en redes sociales que las propuestas surgen «como expresión de la lógica de desarrollo en el período histórico» y que, en ningún caso, «constituyen una desviación del proyecto socialista».
Para terminar de ratificar el respaldo del Comité Central a este grupo de medidas, José Amado Ricardo Guerra, miembro del Buró Político del PCC (alta dirección del partido), leyó una declaración de apoyo del expresidente Raúl Castro, referente político principal en la isla a pesar de haber abandonado ya todos sus cargos formales.
Castro «está plenamente de acuerdo» con las reformas económicas planteadas por Díaz-Canel y «convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, siempre salen las mejores ideas», afirmó.
Ricardo Guerra agregó que el expresidente llamó también a la participación del pueblo en las reformas e instó a los dirigentes a «actuar con los pies y los oídos pegados a la tierra, tomando muy en cuenta las opiniones y preocupaciones de la población».
El siguiente paso legal de las reformas es su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a la que se ha convocado también de manera extraordinaria para este jueves. Este cuerpo legislativo acostumbra a ratificar por unanimidad las propuestas que le llegan.
El paquete de cambios fue avanzado el viernes pasado por Díaz-Canel en una comparecencia por sorpresa ante medios estatales.
Las medidas van desde la entrada en el sector turístico de «nuevos actores» en «nuevas modalidades» hasta el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.
También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor «autonomía» a empresas estatales y municipios.
Estos cambios económicos pueden servir a la vez dos objetivos: atajar la profunda crisis estructural que sufre la isla, con una profunda contracción en los últimos seis años, y calmar la presión de EEUU, que exige profundas reformas políticas y económicas a La Habana y ha llegado a amenazar con una intervención militar para lograrlo.
