Miami.- Una jueza de Estados Unidos negó este jueves la libertad bajo fianza al excongresista republicano David Rivera, quien fue condenado en mayo por lavado de dinero y por realizar labores de cabildeo encubiertas durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), a favor del gobierno del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.
La jueza Melissa Damian determinó que Rivera, de 60 años, deberá permanecer bajo custodia mientras espera su sentencia, prevista para el próximo 20 de julio. A pesar de que varias figuras políticas y empresariales del sur de Florida ofrecieron respaldar una millonaria fianza, la jueza sostuvo que Rivera no ha demostrado «que no representa un riesgo de fuga si es liberado en espera de la sentencia», escribió Damian en su decisión.
Los fiscales argumentaron que Rivera mantiene importantes vínculos y activos en el extranjero, lo que aumenta el riesgo de que abandone el país. El caso atrajo atención nacional durante el juicio debido al testimonio del secretario de Estado Marco Rubio, amigo de Rivera desde que ambos coincidieron en la Cámara de Representantes de Florida.
Además, la jueza Damian fijó para el 19 de octubre el inicio de otro juicio con jurado contra Rivera por varios cargos agregados en su contra relacionados con el caso, según los documentos consultados por EFE en su expediente judicial. El exlegislador fue declarado culpable en mayo junto con la consultora política Esther Nuhfer de realizar actividades de cabildeo ilegal en nombre del gobierno de Maduro, quien fue arrestado este año por Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo.
Ambos enfrentaron juicio acusados de no registrarse como agentes extranjeros y conspirar para cometer lavado de dinero relacionado con un contrato de consultoría valorado en 50 millones de dólares. Un jurado los halló culpables de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones monetarias con bienes derivados de actividades criminales.
Según la acusación, Rivera realizó gestiones políticas en Estados Unidos para favorecer los intereses del Gobierno venezolano e influir en la política exterior de Washington hacia Caracas. La jueza sostuvo que las actividades internacionales atribuidas al excongresista no podían ignorarse al evaluar una eventual liberación.
Rivera podría enfrentar hasta una década de prisión federal cuando sea sentenciado el próximo mes.
