NUEVA YORK.- El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el cual opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene previsto deshacerse de siete de los 11 almacenes que compró por mil millones de dólares para convertirlos en centros de detención para inmigrantes, según informa The New York Times.
La agencia venderá o traspasará a otras agencias federales estos siete almacenes, en los que invirtió 700 millones de dólares para adquirirlos. Este giro de 180 grados se debe a la política antiinmigrante del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que puso en marcha la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
El nuevo secretario Markwayne Mullin, quien en privado había expresado escepticismo sobre el plan, ha declarado públicamente su deseo de que ICE sea más discreta en cuanto a la forma en que lleva a cabo las medidas de control migratorio, según recuerda el diario.
«La realidad de crear un nuevo sistema de detención ha resultado compleja, al igual que las promesas de deportaciones masivas han chocado con la complicada burocracia que conlleva intentar expulsar a un gran número de personas», señaló The New York Times.
Entre los centros que ya no abrirán sus puertas figura el almacén que ICE había comprado en Roxbury, Nueva Jersey. Esta decisión fue celebrada hoy por su gobernadora, la demócrata Mikie Sherrill, quien considera que se trata de una victoria para la seguridad pública, el municipio de Roxbury y el estado.
«Los planes siempre fueron ilegales: el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey», indicó la gobernadora en su cuenta de X y recordó la demanda que presentaron contra Seguridad Nacional en un intento de evitar que se estableciera el centro de detención.
Por su parte, John Fabbricatore, quien hasta hace poco trabajaba como asesor sénior en temas de inmigración en el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Trump, recordó que los almacenes fueron una idea rápida para ampliar la deportación masiva.
La compra de los almacenes, para establecer una red de 24 nuevos centros, enfureció a las comunidades que se oponen a ellos o en zonas conservadoras preocupadas por el impacto en los servicios públicos y la economía locales, o tener protestas en su patio, señala además el diario.
Incluso líderes republicanos escribieron a Seguridad Nacional para oponerse a los centros en las comunidades que representan.
Un obstáculo que la idea de tener una red de centros de detención enfrentó es el costo ya que, según el inspector general del país, por algunos se ha pagado más de 145 millones de dólares, sin incluir la inversión en renovarlos para su propósito.
Pero, según el diario, el mayor reto son las demandas ambientales que han enfrentado basadas en la ley federal que exige examinar el impacto de sus proyectos en el medio ambiente local.
