Santo Domingo.- El Colectivo Migración y Derechos Humanos entregó más de 1,000 firmas al presidente Luis Abinader exigiendo la derogación del protocolo migratorio implementado en los hospitales públicos del país. La petición busca garantizar que estos espacios sean seguros y libres de discriminación para todas las personas, independientemente de su condición migratoria.
El colectivo solicitó al Gobierno abrir un diálogo con la sociedad civil, personal sanitario, organizaciones especializadas y organismos de derechos humanos para establecer una política migratoria que sea compatible con la dignidad humana, la salud pública y la no discriminación. Durante la entrega de firmas en el Palacio Nacional, los representantes del Colectivo expresaron su preocupación por la medida que genera miedo, exclusión y riesgos para la salud de poblaciones vulnerables.
Las más de 1,000 personas y organizaciones que respaldan esta iniciativa reclaman hacer de los hospitales espacios seguros donde prevalezca el derecho a la salud, la atención médica oportuna y la protección de la vida humana. Las firmas fueron recolectadas a través de una campaña ciudadana que solicita al presidente Abinader la derogación inmediata del protocolo migratorio implementado en hospitales públicos.
La petición es respaldada por más de 70 organizaciones, entre ellas Cáritas Arquidiocesana, Participación Ciudadana, Casa Abierta, CIPAF, CONAMUCA, Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó, CE-MUJER, Foro Ciudadano, Fundación Frederich Ebert, Misioneras Escalbrinas, RedAfros, IDEAC, Asociación de Mujeres y Jóvenes Batey los Jovillos, OBMICA, Red CLAMOR, Hermanas de los Sagrados Corazones, Foro Feminista, Médicos del Mundo o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre otras.
“Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública”, expresaron durante la entrega.
El Colectivo señaló que la presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios limita el derecho a la salud y afecta especialmente a mujeres embarazadas, niñas, niños, personas migrantes haitianas pero también a personas dominicanas de ascendencia haitiana, negras o sin documentos, que pueden ser víctimas de perfilamiento racial.
“Esta entrega de firmas representa la voz de miles de personas que consideran que la salud es un derecho fundamental que no debe estar condicionado por políticas migratorias. Las dominicanas y los dominicanos sabemos lo que es migrar. Las personas migrantes dominicanas aportan en las sociedades donde viven, igual que las personas migrantes que viven en República Dominicana aportan a nuestro país.
La campaña destaca que la implementación de controles migratorios en hospitales desalienta la atención médica oportuna con consecuencias graves. Recuerdan que la Constitución de la República Dominicana establece la salud como derecho y el Estado tiene el compromiso de garantizar el acceso universal y no discriminatorio a la atención médica.
Abraham Apolinario, Caritas Archidiocesana; Yildalina Tatem, feminista; Lía Concepción, Colectivo Migración Derechos Humanos y Ana Mitila Lora – Periodista. El Colectivo reconoció que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de gestionar la política migratoria, pero insistió en que esa responsabilidad tiene límites claros. “La gestión migratoria no puede realizarse dentro de los espacios donde se protege la vida. Los hospitales deben ser espacios seguros para todas las personas en territorio dominicano”, afirmó.
