Santo Domingo.- Grupos de derechos civiles pidieron este miércoles a un juez federal en Nueva York que ordene la publicación del documento jurídico que, según la Administración del presidente Donald Trump, le permite atacar embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales hicieron la petición en una audiencia judicial para analizar sus llamados a que el tribunal evalúe el documento elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC), en el que se amparan para los ataques letales contra lanchas en el mar Caribe y aguas del Pacífico.
Estas organizaciones argumentaron al juez que la Administración Trump no puede mantener en secreto el documento mientras alude al mismo repetidamente en público, y recuerdan que según la Ley de Libertad de Información (FOIA), el Gobierno debe dar a conocer sus registros. Destacan que sin embargo, esta Administración adoptó la postura de que la Constitución le permite ocultar los registros protegidos por el privilegio de comunicaciones presidenciales.
Desde que comenzó el operativo ‘Lanza del sur’ el 2 de septiembre de 2025, EE.UU. ha destruido 66 lanchas en ataques que han matado a 221 personas, el más reciente el pasado 21 de junio, y según el Gobierno se trataba de embarcaciones de narcotraficantes, sin que hasta ahora haya presentado pruebas.
Los grupos activistas los consideran «ilegales» y señalan que el Ejército no puede, bajo ninguna circunstancia, ejecutar a civiles sospechosos de traficar droga. El pasado 15 de octubre la ACLU y el Centro de Derechos Constitucionales solicitaron, bajo la FOIA, obtener la opinión legal redactada por la OLC que justifica los ataques, que el presidente Trump insiste tienen base legal, señala la ACLU en su página.
Recuerda que a mediados de noviembre, la Administración Trump permitió que miembros del Congreso y sus equipos leyeran el dictamen, y muchos consideraron su análisis sumamente preocupante. Durante la audiencia de hoy, el juez preguntó al abogado del Gobierno sobre los límites y la novedad de esta interpretación extensiva del privilegio presidencial, presentada por primera vez en la vista oral, y por qué se había optado por mantener en secreto su justificación legal, pese a haber hecho públicos otros tipos de memorandos legales similares, según el comunicado.
Indica además que el gobierno también reconoció que hay partes del análisis legal del memorando que pueden aislarse y hacerse públicas sin revelar información clasificada. «Ciudadanos de todo el país, políticos de todos los partidos y familiares de las víctimas han estado exigiendo respuestas sobre cómo nuestro gobierno justifica el asesinato a sangre fría de civiles», comentó Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
