Santo Domingo.- El mercado laboral de los extranjeros indocumentados en República Dominicana, especialmente de ciudadanos haitianos, ha experimentado un giro notable en los últimos años. Este flujo de mano de obra ha traspasado sus nichos tradicionales para insertarse de manera visible en las grandes cadenas de supermercados, farmacias y otros comercios del país, operando frecuentemente al margen de las normativas legales vigentes.
Tradicionalmente, la mano de obra no regulada se concentraba casi de manera exclusiva en los predios agrícolas y la industria de la construcción; sin embargo, actualmente se ha producido un desplazamiento hacia el sector servicios. Ahora se desempeñan como conductores de carros públicos, motoconchos y empleados en hogares dominicanos y establecimientos comerciales.
El auge de las plataformas digitales ha acelerado esta transición, particularmente en los servicios de envío a domicilio o delivery. Cualquier ciudadano que realice un pedido a reconocidas cadenas de supermercados y farmacias no debe sorprenderse si el repartidor que toca a su puerta es un ciudadano extranjero en condición migratoria irregular.
Esta práctica parece responder a una estrategia de negocios que, ante la crisis económica actual, busca abaratar costos operativos mediante la contratación de mano de obra más barata, violando las leyes migratorias y el Código de Trabajo. En ese ínterin, la proliferación de estos repartidores motorizados ha generado serias quejas en el tránsito urbano en su afán por cumplir con los tiempos de entrega.
La prisa de estos repartidores se ha convertido en su único referente de calidad, lo que se traduce en un constante irrespeto a las leyes de tránsito, invadiendo aceras, áreas verdes y cruzando semáforos en rojo.
