Guayaquil, Ecuador.- La Fiscalía General de Ecuador solicitó este miércoles una condena de seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno (2017-2021), al considerarlo presuntamente responsable del delito de cohecho por supuestos sobornos recibidos de la empresa estatal china Sinohydro.
La petición de la Fiscalía también alcanza a la esposa del exmandatario, Rocío González; a su hija, Irina Moreno, y a otros 17 procesados, entre ellos el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo, por su presunta participación en la trama de corrupción.
De acuerdo con el Ministerio Público, Moreno y su entorno familiar habrían recibido más de un millón de dólares provenientes de un esquema de sobornos que, según la acusación, alcanzó los 76 millones de dólares durante la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país, con capacidad de hasta 1.500 megavatios.
El proceso judicial comenzó hace casi dos meses contra 21 personas. Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal general, Carlos Alarcón, informó al tribunal que retiró la acusación contra una de las personas procesadas como presunta cómplice.
La investigación sostiene que Moreno habría recibido de forma ilícita 660.000 dólares. De ese monto, 220.000 dólares habrían beneficiado directamente al expresidente y a su esposa, supuestamente mediante la adquisición de una vivienda y mobiliario.
Según la Fiscalía, otros 440.000 dólares fueron presuntamente distribuidos entre familiares del exmandatario. Entre los beneficiarios señalados figuran sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno, su hija Irina, sus cuñadas Jacqueline y Martha, así como su suegra, Aída Graciela.
Las autoridades consideran que estos recursos formaban parte del esquema de pagos ilegales presuntamente realizado por Sinohydro para asegurar la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico.
El denominado caso Sinohydro salió a la luz en 2019, luego de una investigación publicada por el portal periodístico La Fuente, que reveló supuestos vínculos entre allegados de Moreno y la empresa offshore INA Investment, además de una lujosa propiedad en Alicante, España.
A raíz de esas revelaciones, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si existieron pagos irregulares durante el período en que Moreno ejercía como vicepresidente del gobierno de Rafael Correa.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público pidió que los acusados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, que se suspendan sus derechos de participación política, se les imponga una multa económica y el pago de una reparación integral.
Asimismo, solicitó que los procesados ofrezcan disculpas públicas y que se instale una «cita anticorrupción» en el complejo hidroeléctrico Coca Codo Sinclair como medida simbólica de reparación.
El juicio continuará con los alegatos finales de la Procuraduría y de varias defensas. Posteriormente, el tribunal iniciará la fase de deliberación para emitir su veredicto sobre la solicitud presentada por la Fiscalía.
