San Salvador.- Familiares de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas en El Salvador y que defienden su inocencia pidieron este viernes la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que conozca las «consecuencias» de esta medida de seguridad.
En una carta con la petición, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) dijo que estima que una visita a El Salvador «constituye una oportunidad histórica para que la Oficina del Alto Comisionado conozca no solamente la posición oficial del Estado salvadoreño, sino también el testimonio directo» de quienes a diario sufren «las consecuencias humanas del régimen de excepción».
El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022 y ha dejado más de 92.480 detenciones de personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas.
La medida, que cuenta con amplio respaldo popular, se aprobó tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, y ha provocado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y de más de 530 personas muertas bajo custodia del Estado.
En este contexto, el Movir dice estar «convencido de que una evaluación objetiva e imparcial de la situación de los derechos humanos en El Salvador requiere escuchar la voz de las víctimas, quienes durante estos años» ha «soportado la pérdida» de derechos y las garantías constitucionales.
«Solicitamos respetuosamente que la Oficina del Alto Comisionado continúe dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en El Salvador; promueva el respeto irrestricto al debido proceso, a las garantías judiciales y a la integridad de las personas privadas de libertad», indicó la carta.
También exhortó al Estado salvadoreño a «cumplir plenamente las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos».
«Desconocemos el estado de salud y las condiciones en las que permanecen recluidos nuestros seres queridos inocentes, víctimas del régimen de excepción, y, lamentablemente, en algunos casos ni siquiera tenemos certeza sobre si continúan con vida», afirmó el Movir en el documento.
Añadió que no pide «privilegios», sino «que se respeten los derechos humanos, el debido proceso y la dignidad inherente a toda persona, principios universales que constituyen el fundamento de la justicia, la democracia y el Estado de derecho».
