Caracas.- Un tribunal con competencia en casos de terrorismo en Venezuela ha rechazado la solicitud de libertad condicional presentada a favor del opositor Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora y colaborador de la dirigente María Corina Machado. Este miércoles, su abogado, Omar Mora Tosta, informó sobre esta decisión.
A través de un video difundido en la red social X, el jurista calificó la decisión como «arbitraria e injusta» y aseguró que el tribunal desestimó la petición de una medida sustitutiva de libertad, pese a que Rocha permanece bajo arresto domiciliario desde febrero.
Según explicó Mora Tosta, el dirigente opositor continúa sometido a estrictas restricciones, entre ellas el uso de un grillete electrónico, vigilancia policial permanente y la obligación de reportarse mediante fotografías cada tres horas. Estas condiciones, afirmó, le impiden retomar su vida y sus actividades profesionales.
El abogado sostuvo además que la decisión vulnera el derecho de Rocha a recibir un trato igualitario, al señalar que otros procesados en la misma causa sí fueron beneficiados con la amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
La defensa considera que tanto la negativa a concederle la amnistía, rechazada en marzo, como el reciente fallo que le impide acceder a la libertad condicional evidencian un trato discriminatorio contra el dirigente opositor.
Rocha, uno de los principales críticos de la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024, abandonó la cárcel el pasado 8 de febrero para cumplir arresto domiciliario tras permanecer 18 meses detenido.
El opositor fue arrestado en agosto de 2024 y las autoridades lo vinculan con la difusión de más del 80 % de las actas electorales de las elecciones presidenciales de julio de ese año. Mientras el Gobierno sostiene que esos documentos son falsos, la oposición los presenta como prueba de la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.
La ley de amnistía promulgada este año abarca determinados hechos ocurridos desde la llegada del chavismo al poder en 1999, aunque excluye diversos delitos, entre ellos los relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos, así como otras causas que, según la justicia venezolana, no pueden acogerse a ese beneficio.
