Bogotá.- Más de 850 organizaciones sociales agrupadas en la plataforma Coordinadora Humanitaria hicieron este jueves un llamado al futuro Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto, para que la protección de la población civil sea el eje de su política de seguridad.
Las organizaciones señalaron en un pronunciamiento público que la respuesta al conflicto armado no puede seguir dependiendo exclusivamente de «estrategias militares» y advirtieron que es necesaria una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia.
La petición está respaldada por las cifras del reporte humanitario de la ONG Vivamos Humanos, según el cual durante el primer semestre de 2026 se registraron 402 eventos asociados con el conflicto armado.
De esos casos, 179 correspondieron a hechos contra la vida e integridad personal, 67 estuvieron relacionados con minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos, y 47 consistieron en restricciones a la movilidad, entre otros.
«La protección de la población civil no puede seguir dependiendo exclusivamente de estrategias militares», afirmaron las organizaciones, que insistieron en que la aplicación del derecho internacional humanitario (DIH) constituye una herramienta para disminuir el impacto de las hostilidades, proteger la misión médica y humanitaria y generar condiciones para avanzar en escenarios de diálogo y construcción de paz.
De la Espriella ha señalado que la seguridad ciudadana será uno de los puntos fuertes de su gobierno y que no habrá más negociaciones de paz con grupos armados ilegales, e incluso anunció que eliminará la figura del comisionado de Paz.
La Coordinadora Humanitaria recordó además que durante los últimos años las organizaciones sociales han construido una infraestructura humanitaria conformada por mesas humanitarias, acuerdos, mecanismos comunitarios de monitoreo, sistemas de alertas tempranas y procesos de diálogo territorial.
Según el pronunciamiento, esos mecanismos deben fortalecerse durante el cambio de Gobierno y consolidarse como una política pública permanente orientada a la protección de la población civil.
Las organizaciones señalaron que en mayo presentaron esta agenda de propuestas a las campañas presidenciales y ahora pusieron esa experiencia a disposición del nuevo Ejecutivo para contribuir al diseño de una política de seguridad centrada en la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado.
