Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves sobre la desintegración de una enorme red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos, liderada por el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel.
Esa red causó un daño al fisco mexicano que asciende a más de 4,000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 230 millones de dólares.
Horas antes del anuncio sobre la desarticulación de la red, la FGR informó del arresto de Ruffo Appel por cargos de delincuencia organizada y contrabando. El exgobernador fue detenido en Ensenada (Baja California) por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Mediante un vídeo, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que a partir de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera y ferroviaria, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento. Esta estructura utilizaba carros-tanque de ferrocarril para sus operaciones.
Señaló que la investigación permitió establecer que esta organización comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades portuarias, fundada por Ruffo Appel. Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, pero al introducir la mercancía en México desde Estados Unidos declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados.
Según la investigación, «la red declaraba solo el 10 % de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril».
La FGR explicó que al ampliar las investigaciones en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, entre enero y julio de 2025 detectaron que la organización «habría realizado 4,238 operaciones de importación» a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas.
El análisis de dichas operaciones permitió «estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4,000 millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes».
Este caso se suma al de otros funcionarios y exfuncionarios implicados en redes de contrabando de combustible, conocido en México como ‘huachicol fiscal’. En septiembre de 2025, autoridades mexicanas arrestaron a exfuncionarios de aduanas y mandos de la Marina por su presunta participación en una red que introducía hidrocarburos al país mediante documentación falsa para evadir impuestos.
En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
