Santo Domingo.- Un hombre que padecía una enfermedad mental permaneció encarcelado durante dos décadas sin que se conociera su expediente acusatorio. La Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi intervino para poner fin a esta situación.
El caso fue revelado por el director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quien indicó que el nombre del ciudadano no ha sido divulgado “por razones humanitarias” para preservar su dignidad. El hombre se encontraba recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006 bajo una medida de prisión preventiva.
La irregularidad fue identificada por defensores públicos de Montecristi, quienes asumieron la representación legal del ciudadano y realizaron una exhaustiva revisión del expediente. Durante el análisis, los abogados hallaron informes médicos que acreditaban su condición de salud mental.
El 19 de marzo de 2009, tanto la Defensa Técnica como el Ministerio Público habían solicitado al Tribunal Colegiado de Dajabón la aplicación de un procedimiento especial para personas inimputables debido a su condición psiquiátrica. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada y se dispuso la suspensión de la acción penal hasta que el ciudadano recuperara su salud mental.
Esta decisión llevó a un prolongado limbo judicial durante casi dos décadas, tiempo en el cual el hombre permaneció recluido sin una resolución definitiva. La Defensa Pública emprendió una estrategia jurídica integral para restablecer los derechos del ciudadano y agotó todas las vías judiciales necesarias.
La ofensiva legal incluyó la interposición de una acción de habeas corpus y un recurso de apelación, lo que permitió revertir la prolongada privación de libertad. La Corte dictaminó el 25 de febrero de 2026 la inmediata puesta en libertad del ciudadano.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, destacó que esta decisión reafirma el compromiso institucional con la protección de los derechos fundamentales, especialmente de las personas vulnerables. “La defensa de la dignidad humana, el acceso efectivo a la justicia y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales son principios que orientan nuestro trabajo diario”, expresó.
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