MANAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró este domingo que en el país no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición acceder al poder, una declaración que refuerza las críticas internacionales sobre el deterioro de la democracia bajo su gobierno.
Durante un acto multitudinario por el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega afirmó que su administración impedirá cualquier proceso electoral que, según dijo, pueda ser utilizado por sus adversarios para «atrapar el Gobierno» o «el poder».
Nicaragua es gobernada por Ortega desde 2007 y, desde 2017, comparte el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada co-presidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Ejecutivo.
En su discurso, el mandatario calificó a los opositores exiliados de estar «agazapados» y los acusó de buscar el poder para beneficiarse económicamente.
Además, anunció que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, para endurecer las medidas contra quienes calificó como «golpistas» y «vendepatrias», asegurando que no podrán regresar al poder, independientemente del respaldo que reciben del exterior.
La reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2025 modificó profundamente la estructura del Estado nicaragüense, eliminó el equilibrio entre los poderes públicos y otorgó mayores atribuciones al Ejecutivo encabezado por Ortega y Murillo.
Entre los cambios figura la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la creación oficial de la figura de la copresidenta, la subordinación de los órganos del Estado al Ejecutivo y la legalización de la apatridia.
Las modificaciones constitucionales han sido cuestionadas por organismos internacionales y varios gobiernos, que consideran que consolidan un sistema sin contrapesos democráticos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y diversos grupos opositores han expresado preocupación por el creciente control del poder político en Nicaragua.
Estados Unidos también ha cuestionado la designación de Rosario Murillo como copresidenta, al considerar que no surgió de un proceso electoral libre y democrático, y ha denunciado que el Gobierno nicaragüense ha restringido el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades.
