Miami.- La entrada en vigor de una nueva ley china para promover la «unidad étnica» ha generado preocupaciones por su posible alcance sobre Taiwán y otros territorios con identidad propia, mientras gobiernos y organizaciones internacionales cuestionan sus implicaciones jurídicas y políticas.
El analista internacional René Bolio, exsenador mexicano y presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la legislación incorpora al marco legal el concepto de «una sola comunidad nacional dirigida por el Partido Comunista», lo que, a su juicio, extiende la influencia de Pekín más allá de sus fronteras, según detalla un comunicado de prensa.
La Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos fue aprobada el 12 de marzo y entró en vigor el 1 de julio. Según las autoridades chinas, su objetivo es fortalecer la cohesión entre los 56 grupos étnicos reconocidos y combatir el separatismo, el terrorismo y el extremismo religioso.
Entre sus disposiciones, el artículo 21 promueve una mayor integración entre ambos lados del estrecho de Taiwán y sostiene que los taiwaneses forman parte de la nación china. El artículo 63 establece que organizaciones o personas en el extranjero pueden enfrentar responsabilidades legales por acciones que Pekín considere contrarias a la unidad étnica o favorables al separatismo.
Bolio calificó esta práctica como una estrategia de «lawfare», al considerar que utiliza el sistema legal para alcanzar objetivos estratégicos que anteriormente se perseguían mediante presiones diplomáticas, económicas o militares. El analista comparó este enfoque con la doctrina rusa del «Mundo Ruso», empleada para justificar la protección de comunidades rusas fuera de sus fronteras.
El Gobierno de Taiwán rechazó la legislación y anunció una plataforma para proteger a sus ciudadanos frente a lo que considera actos de represión transnacional. El primer ministro Cho Jung-tai sostuvo que Pekín busca ampliar su jurisdicción política e ideológica sobre personas, empresas y organizaciones taiwanesas.
Por su parte, el presidente Lai Ching-te reiteró que el futuro de Taiwán debe ser decidido por los 23 millones de habitantes de la isla y defendió su sistema democrático. Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron preocupación por el alcance extraterritorial de la normativa.
A su vez, Amnistía Internacional advirtió que algunas de sus disposiciones podrían facilitar la persecución de activistas y reforzar políticas de asimilación cultural contra uigures, tibetanos y mongoles. Bolio consideró que el debate trasciende la relación entre Pekín y Taipéi y plantea interrogantes sobre el uso del derecho internacional y de las legislaciones nacionales para extender jurisdicciones más allá de las fronteras de un Estado.
