Santo Domingo.- El Ministerio Público anunció que apelará la sentencia que condena a la Procuraduría General de la República al pago de más de 7.5 millones de pesos a favor de uno de los diez imputados en el caso de la presunta estafa al Estado y el sabotaje de la red semafórica.
La juez del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla Rosario, condenó al órgano persecutor al pago de más de 7.5 millones de pesos a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
El monto corresponde a la liquidación de un astreinte, que es una sanción econômica impuesta por el incumplimiento de una resolución judicial del año pasado que ordenaba la entrega de bienes incautados y solicitados por el acusado.
En tal sentido, fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) plantean la apelación en el entendido de que continúa el proceso judicial por corrupción administrativa en los tribunales contra Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes.
Adelantaron que, para empezar, la jueza Padilla Rosario emitió la decisíon en favor del procesado pese a estar desapoderada del caso desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual conoció la audiencia preliminar y dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, adelantaron, además, que la juzgadora incurre en una desnaturalización de la figura del astreinte y, sobre ese error, fija una suma exorbitante que pretende convertir en una indemnización en favor de un procesado por corrupción.
“Recibimos la notificación de la decisíon el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación”, dijo Jonathan Pérez, quien recordó que el caso en el que Álvarez Carbuccia figura como imputado se conocerá en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual tiene audiencia fijada para el próximo 11 de agosto.
Explicó que, incluso, el tribunal que tiene ahora apoderado del citado caso por corrupción carece de competencia para conocer el recurso sobre la reclamación del aparato telefónico promovido por el procesado Álvarez Carbuccia, debido a que no se trata de un tribunal administrativo.
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