Ciudad de México.- La condena a cadena perpetua del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos no ha cerrado el capítulo de su captura. Por el contrario, el caso mantiene viva la crisis de seguridad en Sinaloa y ha reavivado las exigencias del Gobierno mexicano para que Washington esclarezca el papel que desempeñó en el arresto del histórico líder del Cartel de Sinaloa.
El 25 de julio de 2024, Zambada aterrizó en Texas tras asegurar que fue llevado por la fuerza por uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, versión que desde entonces alimentó las dudas sobre una posible intervención de autoridades estadounidenses en territorio mexicano.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó un informe detallado a Washington sobre la operación. Sin embargo, la respuesta oficial de que no hubo participación de agentes estadounidenses nunca convenció a las autoridades mexicanas.
La controversia volvió a cobrar fuerza luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) donara a un museo el avión utilizado para trasladar a Zambada a Estados Unidos. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, ese hecho constituye una evidencia de la implicación estadounidense en la captura.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) envió nuevos requerimientos de información a las autoridades de Estados Unidos para esclarecer las circunstancias del operativo.
El analista en seguridad David Saucedo afirmó que el Gobierno mexicano no puede ignorar un caso que considera una posible captura de un ciudadano mexicano en territorio nacional con participación de agentes extranjeros.
Mientras continúa la disputa diplomática, Sinaloa sigue inmerso en una guerra interna entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, conflicto que ha dejado más de 3,000 homicidios y miles de desplazados desde la captura de Zambada.
Aunque la administración de Sheinbaum reforzó la presencia militar en la entidad, un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la violencia persiste, especialmente en las zonas rurales, donde los enfrentamientos se mantienen de forma más focalizada.
Saucedo sostuvo que la estrategia gubernamental ha servido principalmente para contener parcialmente la violencia, pero no para desarticular las estructuras del Cartel de Sinaloa.
Según el especialista, los principales líderes de ambas facciones, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán y ‘El Mayito Flaco’, continúan prófugos y fortaleciendo sus organizaciones para financiar la confrontación.
A este escenario se suma la acusación presentada por autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado presuntamente de colaborar con Los Chapitos a cambio de sobornos, un caso que añade mayor presión política y judicial en medio de la crisis de seguridad que vive el estado.
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