Luis Castillo
Por años he advertido que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde el odio político y la conveniencia momentánea están llevando a muchos a aplaudir atropellos que mañana pueden volverse contra ellos mismos. La historia es clara: cuando la hormiga odia tanto a la cucaracha que decide aliarse con el fumigador, no solo muere la cucaracha; mueren todas, incluida la hormiga y hasta el grillo que decidió no opinar.
Algo muy parecido ocurre hoy con quienes celebran o justifican lo ocurrido en Venezuela, bajo el argumento de que “todo se vale” si el objetivo es derrotar a un adversario político.
El exdiputado Vinicio Castillo Semán sostiene que Estados Unidos actuó en legítima defensa frente al gobierno de Nicolás Maduro. Habla de narcotráfico, terrorismo, amenazas a la seguridad nacional y de una supuesta “verdad histórica”. Sin embargo, omite deliberadamente la pregunta esencial: ¿fue legal lo que se hizo contra Venezuela bajo el derecho internacional?
Porque si aceptamos que una potencia extranjera puede decidir cuándo un gobierno debe caer, arrestar a sus líderes o forzar salidas políticas fuera de sus fronteras, entonces no estamos defendiendo la democracia, sino validando la ley del más fuerte. Y eso, para países pequeños como el nuestro, es un precedente extremadamente peligroso.
Resulta además llamativa la autoridad moral desde la cual se emiten estos juicios. La historia política de la familia Castillo está marcada por una cercanía prolongada y documentada con regímenes autoritarios. Fueron aliados y defensores del dictador Rafael Leónidas Trujillo durante décadas, y luego respaldaron sin reparos al balaguerismo, heredero directo de ese sistema. Guardaron silencio —o fueron parte— de persecuciones políticas, montajes judiciales y campañas de destrucción moral, como la que sufrió José Francisco Peña Gómez, víctima del racismo y del antihaitianismo más cruel.
Esa trayectoria explica por qué hoy defienden la soberanía dominicana con vehemencia, pero celebran la vulneración de la soberanía venezolana. No se trata de principios: se trata de conveniencia.
Si el criterio fuera realmente la defensa de la democracia, entonces habría que explicar por qué no se justificó una intervención internacional durante los 30 años de Trujillo o los 12 años de Balaguer. Pero nunca fue así. Las intervenciones no responden a valores universales, sino a intereses geopolíticos.
También se insiste en presentar a Venezuela como un “narco-Estado”, pese a que no figura entre los principales países productores ni traficantes de drogas del mundo, no es país laboratorio y no existen sentencias internacionales que prueben la existencia del llamado “Cartel de los Soles”. Paradójicamente, mientras se construye ese relato, se ignora que República Dominicana sí ha sido utilizada como punto logístico del narcotráfico internacional, con casos ampliamente documentados.
A esto se suma un elemento que en nuestro país parece haberse olvidado: la deuda histórica y moral con Venezuela. Ese país acogió a Juan Pablo Duarte cuando fue desterrado, recibió a su familia y, en momentos críticos de la economía dominicana, suministró petróleo en condiciones preferenciales, muchas veces pagado con productos agrícolas. Hoy, sin pudor alguno, participamos en acciones diplomáticas que contribuyen al aislamiento y atropello de esa misma nación.
Normalizar que se pisotee la soberanía de otro país porque no nos gusta su gobierno es abrir la puerta para que mañana ocurra lo mismo en cualquier parte del mundo, incluida la nuestra. La ley internacional deja de existir cuando se aplica solo a los débiles.
La historia enseña que quienes aplauden al fumigador por odio a la cucaracha terminan sepultados junto a ella. Celebrar hoy lo ocurrido en Venezuela no es un acto de valentía política; es una irresponsabilidad histórica. Y quienes han vivido toda la vida de la política, de padrinazgos y alianzas convenientes, lo saben mejor que nadie.




