Santo Domingo.- La empresa Distribuidora Edesur Dominicana fue objeto ayer de un embargo retentivo en sus cuentas bancarias por más de RD$32.5 millones, debido a su negativa a pagar sentencias judiciales definitivas.
La situación obedece a la ejecución de tres condenas judiciales revestidas de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, correspondientes a los casos Núñez Cruz y Pascal Guillermo, Salas de Yuli y Yuli Cabrera, y Vargas Acosta, Soto y compartes.
Los embargos fueron trabados en manos de entidades bancarias de primera línea y de grandes empresas usuarias del servicio eléctrico, hasta la concurrencia del duplo legal de cada crédito, con lo cual la indisponibilidad total autorizada por la ley puede alcanzar los RD$65.1 millones.
Los casos comparten un mismo origen y un mismo patrón: incendios provocados por altos voltajes en redes eléctricas cuya guarda corresponde a EDESUR, que destruyeron viviendas completas y dejaron a familias enteras sin techo; casos que EDESUR perdió en primera instancia o en apelación y, aun así, no paga lo dispuesto en los tribunales.
En uno de los casos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación de la distribuidora en octubre de 2022 y, en febrero de 2026, la propia Suprema Corte rechazó además su demanda en suspensión, estableciendo que la empresa no acreditó ni apariencia de buen derecho ni perjuicio irreparable.
El equipo legal de los demandantes señaló: “Una empresa cuyo capital pertenece al Estado dominicano ha convertido en política institucional el desacato a los tribunales de la República”.
Junto a los embargos, fueron notificadas intimaciones formales, individuales y a título personal, a los miembros del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y a los principales ejecutivos de EDESUR con poder de decisión sobre los pagos, advirtiéndoles que la Constitución de la República, en su artículo 148, hace a los funcionarios conjunta y solidariamente responsables con sus propios patrimonios.
