|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, la República Dominicana inicia una nueva etapa en la lucha contra la corrupción. Durante años se argumentó que la legislación tenía vacíos, que algunos delitos no estaban claramente definidos y que eso dificultaba sancionar a quienes atentaban contra el patrimonio público.
Hoy ese argumento pierde fuerza.
El nuevo Código desarrolla con mayor claridad delitos como el soborno, el peculado, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y otras conductas que lesionan la administración pública. Sin duda, el sistema de justicia dispone ahora de un marco legal más amplio y preciso.
Pero una buena ley, por sí sola, no condena a nadie. Las investigaciones, las pruebas y las decisiones judiciales seguirán siendo la verdadera medida del compromiso del país con la transparencia y la rendición de cuentas.
La ciudadanía no espera condenas automáticas; espera que, cuando existan pruebas suficientes, la ley se aplique sin privilegios ni excepciones.
Por eso, el desafío comienza ahora. Si el país cuenta con un Código Penal más moderno y con mejores herramientas para enfrentar la corrupción, el debate dejará de centrarse en las limitaciones de la ley y pasará a la forma en que las instituciones la hagan cumplir.
La confianza en la justicia no dependerá de lo que dice el Código Penal, sino de la voluntad de aplicarlo con independencia, firmeza y el mismo criterio para todos. Ese será el verdadero examen de esta reforma.




