Guayaquil.- Un tribunal ecuatoriano declaró fallida la audiencia programada para este viernes, en la que se iba a anunciar la sentencia contra el ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), su hijo Jacobo y otras dos personas por el delito de delincuencia organizada. La decisión fue tomada debido a la ausencia de un abogado y una traductora, lo que llevó al tribunal a seleccionar otro día para dar a conocer la sentencia.
En la diligencia estuvieron presentes la fiscal del caso y todos los imputados, incluido el exmandatario y su hijo, quienes se conectaron de manera virtual. Sin embargo, no asistió el abogado de uno de los procesados debido a una emergencia médica y tampoco llegó una perito que iba a traducir la decisión al ciudadano israelí Sheinman Oren, también vinculado al caso.
La fiscal informó a los jueces que la causa ha sufrido «múltiples dilaciones», ya que han pasado seis años desde que se registraron los hechos investigados y solicitó medidas para evitar futuras demoras. El tribunal decidió multar con dos salarios (964 dólares) a los ausentes y advirtió que si no se presentan en la próxima diligencia serán detenidos y trasladados al juzgado por la fuerza pública.
Según las acusaciones de la Fiscalía, el expresidente, su hijo y otras dos personas colaboraron entre marzo y agosto de 2020 con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria.
Las investigaciones indican que Oren y otro ciudadano israelí asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario. Este último «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».
Jacobo Bucaram «pagó 321.600 dólares en efectivo por esta mercadería», según el testimonio del extranjero antes de ser asesinado, citado por la Fiscalía durante el juicio. El Ministerio Público también ha señalado que algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para movilizarse.
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, han testificado en este juicio que inició el 11 de abril del año pasado después de varios diferimientos registrados desde 2022. El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.
Ya han sido sentenciados otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.
