San Cristóbal.- Era la tarde del lunes 14 de agosto de 2023 cuando el bullicio en el Mercado Viejo, ubicado en el centro de la ciudad de San Cristóbal, quedó en total silencio tras la explosión de un tanque estacionario de 500 galones de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Tras pocos minutos, el silencio se disipó por las sirenas de los bomberos, ambulancias y policías. Unas 47 personas fallecieron y decenas resultaron heridas aquel fatídico día.
Han pasado 3 años desde aquella tragedia que enlutó a todo el país. Entonces ¿qué respuesta han recibido las familias?
Manuel Antonio Nina “Pacholy”, representante de los familiares y miembro de la Comisión de la Verdad, expresó a El Nacional que “las familias no han recibido ninguna respuesta del Gobierno, se ha actuado con mucha irresponsabilidad”.
Nina sostuvo que desde el inicio hubo fallas en el proceso de investigación, particularmente por la falta de preservación de la zona donde ocurrió la explosión, lo que, según afirmó, habría permitido la alteración o pérdida de evidencias importantes para determinar qué ocurrió.
“Nosotros desde el principio nos dimos cuenta de que había fallas desde el Ministerio Público y desde los bomberos, en el sentido de que no salvaguardaron la zona de la explosión, porque ahí estaban las evidencias que realmente podían definir qué fue lo que pasó”, afirmó, destacando que, en ese momento, decidieron formar la Comisión de la Verdad “porque entendíamos que estaban sucediendo cosas que no iban con el proceso”.
También cuestionó el retiro de grandes cantidades de escombros del lugar poco después de la tragedia, al considerar que esto pudo provocar la pérdida de evidencias.
“Nosotros no podemos esperar nada de unas autoridades que lo que han hecho es encubrir”, expresó.
El representante informó además que la Comisión de la Verdad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acudieron ayer a la Fiscalía para depositar un documento en el que plantean sus cuestionamientos sobre el manejo estatal del caso. Según Nina, el documento no fue recibido por el fiscal.
Sobre las ayudas recibidas por las familias, Nina reconoció que en principio las autoridades ofrecieron asistencia, pero consideró que estas acciones no respondieron a las necesidades de los afectados ni resolvieron sus principales reclamos de conocer qué provocó la explosión, determinar quiénes tuvieron responsabilidad y obtener justicia y reparación para quienes perdieron a sus seres queridos.
Indicó que las familias cuentan con abogados que continúan trabajando en los tribunales para procurar el esclarecimiento de los hechos y que el Estado asuma las responsabilidades que correspondan.
