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NUEVA YORK.— El Concejo Municipal de Nueva York examina este martes la implementación del impuesto a las segundas viviendas de lujo impulsado por el alcalde Zohran Mamdani, una medida que ha generado cuestionamientos por la forma en que la ciudad identificó y notificó a los propietarios.
La audiencia se produce después de que algunos residentes permanentes de Nueva York recibieran notificaciones en las que se les solicitaba demostrar que sus propiedades constituían su residencia principal, a pesar de que no estarían obligados a pagar el nuevo gravamen.
La concejal Gale Brewer, representante del Upper West Side y sectores de Hell’s Kitchen, junto con los concejales Kamillah Hanks y Frank Morano, de Staten Island, han cuestionado el proceso utilizado por el Departamento de Finanzas.
Brewer pidió explicaciones sobre las bases de datos utilizadas, las instrucciones recibidas por la ciudad y las razones por las que se envió información a un número tan elevado de propietarios sin ofrecer previamente mayores detalles sobre los requisitos del impuesto.
El tributo, conocido como “pied-à-terre”, está dirigido a propiedades que no constituyen la residencia principal de sus propietarios y cuyo valor supera los 5 millones de dólares. El Departamento de Finanzas identificó cerca de un millón de propiedades potencialmente relacionadas con el proceso, aunque se espera que sólo una pequeña parte quede finalmente sujeta al pago.
La audiencia conjunta está a cargo de las comisiones de Operaciones Gubernamentales, Legislación Estatal y Federal, y Finanzas. Los concejales analizarán los criterios utilizados para identificar las propiedades, enviar las notificaciones y determinar cuáles cumplen con las condiciones establecidas.
La administración de Mamdani ha defendido la iniciativa y sostiene que el recargo es legal y necesario para aumentar los ingresos de la ciudad.
El alcalde ha señalado que los recursos obtenidos permitirían financiar prioridades como calles más seguras y mejores escuelas, mientras sus partidarios estiman que el impuesto podría generar aproximadamente 500 millones de dólares para las arcas municipales.
La revisión del Concejo busca aclarar las dudas surgidas durante la implementación y determinar si el proceso utilizado por la ciudad ha sido adecuado y transparente para los propietarios afectados.
