Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este viernes una reforma legal destinada a impulsar la construcción de viviendas y establecer mayores garantías para compradores y empresas constructoras, en respuesta a la emergencia provocada por los terremotos registrados hace casi dos meses.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que la antigua Ley contra la Estafa Inmobiliaria fue modificada de manera sustancial y sustituida por la nueva Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas, con la que se busca facilitar el acceso de los afectados a nuevas casas.
La normativa está integrada por 40 artículos que regulan aspectos relacionados con los contratos, las ventas y las responsabilidades de las partes, además de establecer mecanismos de fiscalización a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Entre las disposiciones figura la creación de fideicomisos por parte de las empresas constructoras y la ampliación de los permisos necesarios para desarrollar los proyectos.
Asimismo, las compañías deberán especificar en los contratos las características de las viviendas y los plazos previstos para su construcción. La ley contempla también sanciones económicas para quienes incumplan sus disposiciones, entre ellas retrasos en la entrega de documentos, incumplimiento de permisos, desacato o violación de medidas preventivas.
Las multas oscilarán entre el equivalente a 300 y 54.000 veces la moneda de mayor valor, según la tasa de cambio vigente. El texto deberá ser firmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su promulgación.
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio dejaron, según las cifras citadas en el texto, a más de 17.900 personas sin hogar y cerca de 6.500 fallecidos.
Ante la magnitud de los daños, Jorge Rodríguez estimó el pasado 14 de julio que serían necesarias unas 25.000 viviendas para atender a las personas que perdieron sus hogares.
En ese momento, también anunció un censo biométrico en los campamentos temporales habilitados en Caracas y en los estados de Miranda y La Guaira, este último el más afectado, con el objetivo de determinar con mayor precisión la cantidad de viviendas que deberán ser construidas.
La presidenta encargada, por su parte, se comprometió a entregar nuevas viviendas a las personas damnificadas antes de que termine el año.
