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WASHINGTON D.C. — La administración del presidente Donald Trump ha ampliado su ofensiva migratoria hacia personas que ingresan legalmente a Estados Unidos, mediante nuevas medidas dirigidas a solicitantes de visas de inmigrante y extranjeros que han utilizado visas de turismo o negocios para posteriormente solicitar asilo.
El Departamento de Estado suspendió temporalmente el procesamiento de solicitudes de visas de inmigrante mientras sus funcionarios consulares reciben orientación sobre la aplicación de nuevas normas relacionadas con el concepto de “carga pública”, según un funcionario de la dependencia.
La suspensión, que comenzó durante agosto, podría mantenerse hasta principios o mediados de septiembre. Las entrevistas consulares programadas no necesariamente serán canceladas, sino que, en determinados casos, serían reprogramadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre.
La medida podría afectar a personas que solicitan visas de inmigrante desde el extranjero, incluidos familiares de ciudadanos estadounidenses que buscan reunirse con padres, cónyuges, hijos o hermanos.
Expertos en inmigración han advertido que una reprogramación de las entrevistas podría generar dificultades adicionales debido a la alta demanda y los prolongados tiempos de espera en los consulados estadounidenses.
Endurecen el criterio de “carga pública”
El endurecimiento de las políticas migratorias también alcanza a quienes buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reactivó una normativa que permite considerar determinados beneficios públicos al evaluar si un inmigrante podría convertirse en una “carga pública”.
Entre los programas que pueden ser considerados bajo la normativa se encuentran determinados beneficios de asistencia alimentaria, Medicaid y ayudas para vivienda.
La administración sostiene que las nuevas medidas buscan garantizar que quienes ingresen al país puedan mantenerse económicamente sin depender de determinados programas de asistencia pública.
Podrían revocar hasta 200.000 visas
Paralelamente, el Departamento de Estado se prepara para adoptar una medida de mayor alcance: la posible revocación de visas de turismo y negocios, correspondientes a las categorías B1 y B2, de extranjeros que hayan solicitado asilo o tengan actualmente un trámite de asilo pendiente.
De acuerdo con documentos obtenidos por The Associated Press y declaraciones de funcionarios estadounidenses, las visas emitidas entre 2016 y 2026 podrían quedar bajo revisión.
Aunque el Departamento de Estado no ha confirmado oficialmente el número de visas que serían revocadas, expertos y abogados de inmigración han señalado que la cifra podría alcanzar aproximadamente 200.000 personas.
La medida sería coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y podría convertirse en una de las mayores acciones de revocación masiva de visas en la historia reciente de Estados Unidos.
Los especialistas señalan que la revocación de una visa de turista no necesariamente afectaría la permanencia de una persona que ya se encuentra en Estados Unidos y tiene una solicitud de asilo pendiente, debido a que su situación migratoria dependería principalmente del proceso de asilo.
El asilo, bajo mayor escrutinio
La nueva política forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para combatir lo que considera abusos del sistema de asilo.
El gobierno estadounidense ha acusado en reiteradas ocasiones a algunos solicitantes de utilizar las solicitudes de asilo como mecanismo para permanecer en el país después de ingresar legalmente.
El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó recientemente que el asilo no debe utilizarse como una vía para eludir las leyes migratorias estadounidenses.
Las autoridades también han reforzado el escrutinio de las solicitudes de visas. Desde abril, los consulados estadounidenses recibieron instrucciones para prestar especial atención a solicitantes que manifiesten temor de regresar a sus países.
Las nuevas disposiciones podrían provocar nuevos desafíos legales. Expertos en política migratoria consideran que, si la suspensión de visas de inmigrante se prolonga más de lo previsto, podrían presentarse demandas ante los tribunales federales.
La ofensiva representa un cambio de alcance dentro de la política migratoria de Trump: además de perseguir a personas que ingresan irregularmente al país, el gobierno está utilizando mecanismos administrativos y consulares para restringir o revisar la permanencia y entrada de extranjeros que inicialmente llegaron a Estados Unidos de manera legal.
