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La medida surge de una demanda de propietarios que busca anular la congelación de alquileres para unos 1 millón de apartamentos estabilizados
NUEVA YORK.— Un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York ordenó a la ciudad entregar las comunicaciones escritas entre funcionarios de la Alcaldía y miembros de la Junta de Directrices de Alquiler (Rent Guidelines Board, RGB), en medio de una demanda presentada por propietarios que cuestionan la legalidad de la decisión de congelar los alquileres estabilizados.
El juez Brendan T. Lantry dispuso que se entreguen las comunicaciones entre el personal de la oficina del alcalde y el personal de la Junta correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2026, fecha en que la junta aprobó la congelación.
La demanda busca dejar sin efecto la decisión de junio que estableció un aumento de 0% para contratos de uno y dos años de apartamentos con alquiler estabilizado a partir del 1 de octubre. La medida afecta aproximadamente un millón de apartamentos en la ciudad.
Cuestionan posible influencia de la Alcaldía
Los propietarios que presentaron la demanda sostienen que la decisión de la Junta pudo haber estado influenciada por el alcalde Zohran Mamdani, quien durante su campaña electoral prometió congelar los alquileres.
En su decisión, Lantry señaló que las alegaciones presentadas habían generado una “preocupación significativa” sobre la legalidad del procedimiento utilizado por la Junta para aprobar la congelación. El magistrado también destacó que, según las partes, la RGB es una entidad independiente de la oficina del alcalde.
El juez hizo referencia, además, a un anuncio de campaña de noviembre de 2024 en el que Mamdani afirmó que congelaría los alquileres durante cada año de su gestión y calificó esa promesa como una garantía.
Propietarios celebran la decisión
Randy Mastro, abogado de los propietarios demandantes, expresó satisfacción por la orden judicial y sostuvo que las comunicaciones podrían aportar evidencia sobre las acusaciones de que el resultado de la votación estaba predeterminado.
La Junta de Directrices de Alquiler, por su parte, ha defendido su decisión y sostiene que fue “razonable y racional”, dentro de sus facultades discrecionales y conforme a la ley.
Desde la Alcaldía también rechazaron las acusaciones. Un portavoz señaló que el Departamento Legal continuará defendiendo a la Junta y mantiene la posición de que la RGB actuó correctamente después de revisar los datos presentados durante el proceso.
La disputa judicial continúa y las partes tienen previsto regresar a los tribunales el 21 de septiembre para abordar la entrega de las comunicaciones solicitadas.
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