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INABIE: Todavía estamos a tiempo de investigar

Lo que está ocurriendo alrededor de algunas adjudicaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil no merece solo una defensa institucional. Merece una investigación profunda, independiente y transparente.

Una investigación de Nuria Piera puso bajo escrutinio tres adjudicaciones para el suministro de almuerzo escolar en San Pedro de Macorís por RD$110,785,786.80. Los beneficiarios, según el acta citada por la prensa, son empresas vinculadas a jóvenes de entre 19 y 24 años.

Quiero dejar algo claro desde el inicio: ser joven, vivir en Azua, tener una empresa nueva o no haber contratado antes con el Estado no convierte a nadie en culpable. Los jóvenes tienen todo el derecho de emprender y participar en las compras públicas.

Precisamente por eso debemos investigar.

Si esos jóvenes actuaron de buena fe y cumplieron todos los requisitos, la investigación debe demostrarlo y proteger su reputación. Pero si detrás de esas empresas existen terceros, estructuras creadas solo para licitar, información incorrecta sobre capacidad operativa o cualquier otra irregularidad, también tenemos derecho a saber la verdad.

La responsabilidad fundamental no debe colocarse sobre los hombros de muchachos que quizá ni siquiera conocen la magnitud del negocio en el que entraron. La responsabilidad institucional está en quienes administran el proceso.

El director del INABIE tiene la obligación de garantizar que el dinero destinado a alimentar a nuestros niños se maneje con la máxima transparencia y que los proveedores tengan capacidad real de cumplir.

Y hay una razón adicional para no tomar esto a la ligera. El propio INABIE informó que suspendió a 14 proveedores tras reinspecciones donde encontró cocinas que no pudieron ser localizadas, diferencias entre la capacidad declarada y la comprobada, locales sin operación y deficiencias sanitarias.

Entonces la pregunta ya no es solo quién ganó una licitación. La pregunta es: ¿quién verificó?

¿Quién comprobó que esas empresas podían producir y distribuir miles de raciones diarias? ¿Quién verificó sus instalaciones? ¿Quién comprobó su capacidad financiera y logística? ¿Quién supervisó las reconsideraciones que permitieron a algunos participantes avanzar? ¿Y quién responde si se descubre que la información presentada no correspondía con la realidad?

No estoy diciendo que INABIE sea SeNaSa. Pero lo ocurrido en SeNaSa debe servirnos de advertencia institucional. Allí el Ministerio Público investiga un presunto esquema de corrupción y un tribunal acaba de otorgar cuatro meses más para presentar acusación formal.

No debemos esperar a que señales de alerta se conviertan en un escándalo mayor. Prevenir también es gobernar.

Señor director del INABIE: todavía está a tiempo. No hay nada malo en revisar una decisión. No hay nada malo en ordenar una investigación más profunda. No hay nada malo en detener temporalmente un proceso cuando existen dudas razonables.

Lo verdaderamente peligroso sería defender lo indefendible antes de conocer toda la verdad.

Al presidente Luis Abinader también le corresponde cuidar la confianza en las instituciones de su Gobierno. No se trata de proteger funcionarios ni suplidores, y tampoco de condenar jóvenes que quizá sean inocentes. Se trata de proteger a los niños, el dinero de los contribuyentes y la credibilidad del Estado.

Hablamos de la alimentación de niños de escuelas públicas, muchos de familias de escasos recursos. ¿Puede haber una responsabilidad moral mayor que garantizar que esos alimentos lleguen con calidad, seguridad y transparencia?

Por eso el llamado a la Cámara de Cuentas, a Contrataciones Públicas, a PEPCA y a los demás órganos competentes para que examinen el proceso conforme a la ley, al pliego de condiciones y a los principios de buena administración.

Si todo estuvo correcto, que la investigación lo confirme. Si hubo errores, que se corrijan. Si hubo negligencia, que se establezcan responsabilidades. Y si aparece evidencia de delito, que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias.

Investigar no es condenar. Investigar es proteger. Y en este caso, proteger a los niños debe estar por encima de cualquier interés político, empresarial o personal.

Luis Castillo