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- ¿Y LOS OLIGARCAS DEL PODER EN WASHINGTON? LA TRANSPARENCIA NO PUEDE TENER DOS MEDIDAS
Por Luis Castillo
Estados Unidos ha construido buena parte de su política internacional sobre la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y los intereses económicos de personas vinculadas al poder político. Durante décadas ha utilizado sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones bancarias contra empresarios y funcionarios relacionados con gobiernos considerados autoritarios.
Lo hemos visto con personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y con empresarios cercanos a Vladimir Putin en Rusia. Sus bienes han sido objeto de investigaciones, sanciones e inmovilizaciones en diferentes jurisdicciones, como parte de las medidas adoptadas por Washington y sus aliados.
Sin embargo, hoy surge una pregunta que merece una respuesta dentro de la propia sociedad estadounidense: ¿con qué autoridad moral se exige transparencia a los gobiernos de otros países cuando también existen cuestionamientos sobre los negocios y las relaciones financieras de quienes ejercen el poder en Washington?
La revista Forbes ha estimado que la fortuna de Donald Trump aumentó aproximadamente 3,000 millones de dólares durante el primer año de su regreso a la Casa Blanca. Buena parte de ese crecimiento estaría relacionada con sus negocios, particularmente los vinculados al sector de las criptomonedas.
Según documentos financieros examinados por Reuters, Trump declaró más de 1,400 millones de dólares en ingresos provenientes de sus negocios familiares de criptomonedas durante 2025.
También han surgido interrogantes sobre inversiones extranjeras en empresas vinculadas a su familia, incluyendo una operación de aproximadamente 500 millones de dólares relacionada con inversionistas de Emiratos Árabes Unidos.
Estas circunstancias han provocado cuestionamientos de legisladores y especialistas en ética gubernamental sobre posibles conflictos de intereses.
No estamos afirmando que toda inversión extranjera sea ilegal ni que el presidente haya cometido un delito. Estamos hablando de algo fundamental para cualquier democracia: la obligación de separar los intereses privados de las responsabilidades públicas.
La comparación con Venezuela y Rusia no significa que todos esos casos sean jurídicamente iguales. Las sanciones internacionales tienen fundamentos legales específicos y no equivalen automáticamente a una condena penal. Pero el principio de transparencia debe aplicarse sin privilegios.
No puede existir una vara para los adversarios políticos de Washington y otra para los empresarios cercanos al poder estadounidense.
El problema no es que un presidente tenga patrimonio o que su familia desarrolle actividades empresariales. El problema comienza cuando los ciudadanos no pueden distinguir claramente dónde terminan los intereses privados y dónde comienzan las responsabilidades del Gobierno.
También preocupa la percepción de que las grandes fortunas y las conexiones políticas pueden recibir un trato diferente al que enfrentan los ciudadanos comunes.
Estados Unidos cuenta con instituciones, tribunales, prensa independiente y mecanismos de supervisión capaces de investigar estas situaciones. Su fortaleza democrática dependerá también de que esos instrumentos funcionen sin distinción de partidos, apellidos o posiciones económicas.
Recordemos los Papeles de Panamá, aquella investigación periodística internacional que reveló cómo políticos, empresarios y personas poderosas de distintos países utilizaban estructuras financieras para administrar u ocultar sus patrimonios. Aquella experiencia dejó una lección: el poder económico sin transparencia puede terminar debilitando la confianza pública.
La lucha contra la corrupción no puede convertirse en un instrumento exclusivo de política exterior. Debe comenzar por casa.
La credibilidad de una nación no se mide solamente por su capacidad para sancionar a otros gobiernos, sino también por su disposición a investigar a quienes ejercen el poder dentro de sus propias fronteras.
La transparencia no tiene nacionalidad ni partido político. Y la justicia pierde autoridad cuando parece tener dos medidas: una para los adversarios y otra para los amigos del poder.
