La intervención, que implicó la demolición de entre 30 y 40 viviendas improvisadas, se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley Núm. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas Núm. 202-04. Según reportes, los invasores habían realizado rellenos ilegales con materiales como caliche y escombros, construyendo viviendas que causaban un daño significativo al ecosistema de manglar.
Los humedales de Luperón son de vital importancia ecológica debido a su biodiversidad y los servicios ambientales que brindan, como la protección costera y el hábitat de especies como el manatí y diversas aves marinas. Declarada área protegida mediante el Decreto 571-09, esta zona alberga manglares y praderas marinas que desempeñan un papel crucial en la mitigación del impacto de tormentas y huracanes.
Ante esta situación, las autoridades consideraron que la demolición de las viviendas era necesaria para preservar el ecosistema y cumplir con la normativa ambiental. Sin embargo, algunos residentes afectados expresaron su descontento, argumentando que se les debería haber proporcionado una alternativa de vivienda antes del desalojo.
Al respecto, el alcalde de Luperón, Israel Brito, se comprometió a buscar una solución que permita conciliar la protección del medio ambiente con el bienestar de la población, planteando la posibilidad de reunirse con representantes de Medio Ambiente y otras autoridades involucradas para encontrar una salida más humana a esta situación.