REDACCIÓN.- Un jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación contra 34 personas por conspirar para distribuir sustancias controladas dentro del sistema de prisiones de Puerto Rico. Las órdenes de arresto también incluyen otros delitos relacionados con al menos cuatro muertes por sobredosis.
Según documentos judiciales, los acusados introdujeron fentanilo, suboxone, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética en varias instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico.
Entre las tácticas utilizadas para el contrabando destacan el uso de drones para transportar paquetes con sustancias ilegales, envíos por correo legal, visitas familiares, corrupción oficial, lanzamientos de drogas a los patios de las prisiones (“picheos”) y ocultamiento de drogas en artículos cotidianos como consolas de videojuegos, controles remotos y alimentos.
Durante el periodo investigado, estas sustancias causaron numerosas sobredosis dentro del sistema penitenciario, incluyendo al menos cuatro muertes vinculadas a mezclas de drogas que contenían fentanilo.
Control de pandillas y prisiones afectadas
Muchos de los acusados pertenecen a la pandilla carcelaria conocida como Grupo 31 o “Los Tiburones”, que controlaba la distribución de cantidades significativas de drogas en instituciones correccionales de Puerto Rico. Entre las prisiones afectadas se encuentran:
Institución Correccional Guerrero, Aguadilla
Complejo Correccional Las Cucharas Sgto. Pedro Joel Rodríguez Matos, Ponce
Institución Correccional Bayamón (501)
Institución Correccional Guayama Máxima Seguridad (1000)
Entre los acusados figura Jensen Medina Cardona, quien cumple sentencia por el asesinato de Arellys Mercado Ríos en 2019.
De acuerdo con W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el grave riesgo que representa la actividad de pandillas en las instituciones correccionales y las comunidades. “Esta acusación es la culminación de una investigación policial coordinada a nivel federal y estatal destinada a desmantelar esta organización criminal”, afirmó.
Por su parte, Denise Foster, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, señaló que esta operación es un paso crucial para detener el flujo de fentanilo y otras drogas peligrosas. “Al desmantelar esta organización e interrumpir su uso de drones, no solo estamos responsabilizando a los criminales, sino también salvando vidas”, agregó.
Próximos pasos legales
Los acusados comparecerán ante la jueza magistrada Giselle López Soler, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. De ser encontrados culpables, enfrentan una sentencia máxima de cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, y hasta diez años por lavado de dinero.
Las autoridades continúan investigando para frenar el ingreso de drogas letales en el sistema penitenciario, resaltando la colaboración entre agencias federales, estatales y locales como clave para el éxito de esta operación.
