La Paz.- El Ministerio Público de Bolivia pedirá la detención preventiva del expresidente Evo Morales (2006-2019) por seis meses, dentro de la investigación por trata de personas iniciada en su contra, informó este lunes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
En una declaración a los medios en la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, Mariaca ratificó que en esta jornada la Fiscalía Departamental de Tarija presentó la acusación formal contra dos personas, entre ellas Morales, «por el delito de trata de personas agravado».
«Se está solicitando la medida excepcional de detención preventiva por seis meses en una cárcel pública», señaló.
Mariaca indicó que ahora se espera que un juez cautelar señale la fecha para la audiencia en la que se solicitará esta medida.
También manifestó que el cumplimiento de un mandamiento de aprehensión «es trabajo de la Policía» y que esa institución deberá explicar «en qué momento ejecutarán o por qué no se hubiera ejecutado» la orden de captura emitida contra el exmandatario.
La fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez señaló que hoy se presentó «una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado» y que están a la espera de «que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares».
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo y que presuntamente pertenecía a un grupo político juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia.
Además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se «lucraron» con ella al entregarla al expresidente a cambio de «favores».
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales, así como para Pozo.
Además, señaló que una orden de aprehensión en contra de Morales ya había sido emitida el 16 de octubre y no ha podido ejecutarse por varias razones, como consta en «muchos informes» que ha recibido de la Policía en los cuales se reporta que no ha sido posible dar con su paradero.
Cuando se emitió la orden de captura para Morales, sus seguidores realizaron fuertes bloqueos de carreteras por 24 días especialmente en el centro del país para defenderlo, una de las razones por las que la Policía no pudo ingresar al Chapare, bastión político y sindical del exmandatario, mencionó la fiscal.
Al margen del proceso abierto en Tarija, en la región central de Cochabamba hay otras siete denuncias por presuntos abusos a menores contra Morales y el mes pasado se conoció que se abrió una investigación penal al exmandatario boliviano en Argentina por supuesta trata de personas y abuso sexual.
Morales vivió en Argentina durante un año tras la crisis social y política de 2019, en la que renunció a la Presidencia alegando ser víctima de un supuesto golpe de Estado en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Las investigaciones contra el político por trata de personas y estupro se dan en medio de su enfrentamiento con el Gobierno de Luis Arce por el control del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.
