NUEVA YORK — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el miércoles nuevas medidas para detener una fuente de fraude a Medicaid por parte de las empresas de transporte médico que utilizan esquemas de facturación falsos para robar a Medicaid y explotar a los pacientes vulnerables.
La Fiscalía emitió avisos de cese y desistimiento a 54 empresas de transporte en todo el estado, advirtiéndoles de posibles sanciones financieras y sentencias de prisión si continúan con sus supuestos esquemas ilegales de sobrecargos a Medicaid por servicios fraudulentos.
Las investigaciones de la OAG sobre la industria del transporte médico por fraude continuo ya han asegurado más de $10 millones y condujeron a condenas penales de 11 personas.
Además, la Fiscalía también anunció el miércoles acuerdos recientes con cuatro empresas de transporte por un total de más de $847,000 por sus esquemas de facturación ilegal.
“Las empresas que se benefician ilegalmente explotando a los pacientes de Medicaid roban el dinero de los contribuyentes y socavan el sistema de atención médica del que dependen todos los neoyorquinos”, dijo la fiscal general James. “Hoy estoy poniendo a toda la industria del transporte médico en alerta para que detenga estos esquemas que se aprovechan de los neoyorquinos vulnerables y roban fondos críticos destinados a brindar atención médica a quienes la necesitan. Mi oficina ya ha recuperado millones de dólares y ha logrado sentencias de prisión para quienes cometen este fraude”.
Cómo funcionan estas empresas de transporte con Medicaid
Medicaid reembolsa a las empresas autorizadas el transporte de pacientes de Medicaid hacia y desde los servicios médicos cubiertos.
Una empresa de taxis autorizada se inscribe en el estado como proveedor que cumple los requisitos y luego se la asigna aleatoriamente para realizar viajes a pacientes a citas médicas específicas que no sean de emergencia.
Las empresas deben utilizar conductores con licencia, vehículos adecuados y facturar únicamente los servicios realmente prestados. Se les permite facturar a Medicaid una tarifa base por el viaje, más un monto por el kilometraje y los peajes.
Cómo han sido los fraudes
La Unidad de Control de Fraudes sobre Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) de la Fiscalía ha investigado a las compañías de transporte en todo el estado por usar facturas falsas y otras tácticas fraudulentas para robar fondos de Medicaid.
Los esquemas de las compañías a menudo incluyen facturar a Medicaid viajes falsos, agregar peajes falsos para inflar los costos, extender fraudulentamente el kilometraje de los viajes y usar conductores sin licencia.
En algunos casos, las compañías explotan a los beneficiarios vulnerables de Medicaid pagándoles sobornos a cambio de solicitar servicios de transporte de la compañía. Estos esquemas de sobornos pueden poner a los neoyorquinos ya vulnerables en un riesgo aún mayor.
Los investigadores de la MFCU han encontrado casos en los que las compañías de transporte explotaron a los beneficiarios de Medicaid que necesitaban tratamiento por abuso de sustancias para reclutar pasajeros para usarlos en esquemas de facturación falsa.
Qué medidas está tomando la Fiscalía para acabar con este fraude
Para terminar con este fraude, la Fiscalía ha enviado avisos de cese y desistimiento a 54 compañías de transporte que operan en todo el estado, ordenándoles que detengan las prácticas de facturación fraudulentas que roban fondos y ponen en riesgo a los pacientes de Medicaid. Quince de estas compañías también han recibido demandas de devolución de fondos obtenidos fraudulentamente.
Los avisos enviados a estas compañías destacaron sus violaciones y describieron las posibles sanciones si no cumplen con la ley. Los proveedores de Medicaid que violan deliberadamente las leyes y regulaciones están sujetos a sanciones civiles y penales, que incluyen penas de prisión y sanciones económicas.
Si las compañías no cambian sus prácticas, la Procuraduría General buscará todos los recursos legales para recuperar los fondos y castigar a los operadores de las compañías.
Además de los avisos de cese y desistimiento, la fiscal anunció cuatro nuevos acuerdos con empresas de transporte por violaciones a las normas de transporte de Medicaid que devolverán más de $847,000 al estado.
