Nueva York.- La nueva ley firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio —que impone un impuesto del 1 % a todas las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero— no solo afectará a millones de familias migrantes, sino que amenaza con desatar una crisis interna en uno de los sectores más vulnerables de la economía: los pequeños negocios dedicados al envío de dinero.
Aunque a simple vista el gravamen parece moderado, las repercusiones estructurales podrían ser profundas. Expertos y líderes comunitarios advierten que se avecina un “ping pong” de crisis económica, especialmente entre los pequeños operadores y franquicias locales que forman parte esencial de barrios migrantes en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Houston y Miami.
Estos negocios, en su mayoría gestionados por inmigrantes, sobreviven con márgenes ajustados y una clientela fiel que confía en ellos por cercanía cultural, trato personalizado y costos accesibles. Sin embargo, con la caída prevista del 1,6 % en el volumen total de remesas por cada punto de impuesto adicional —según el Center for Global Development—, muchos de estos establecimientos verán reducir su clientela de forma inmediata.
Un sector marginado en riesgo de colapso
El nuevo impuesto se suma al ya elevado 6,5 % promedio que pagan los migrantes por las comisiones de transferencia. En la práctica, esto reduce el dinero disponible para enviar y desincentiva el uso de canales formales. Como resultado, los usuarios migrarán a medios informales o alternativos como criptomonedas, transferencias clandestinas o envío en mano con familiares y conocidos. Este giro pone en riesgo la viabilidad de cientos de pequeños negocios, que dependen en gran parte de un flujo constante de clientes para mantenerse abiertos.
“Estamos hablando de una medida que puede empujar a muchos dueños de agencias de envío a cerrar sus puertas en los próximos meses. No se trata solo de una política migratoria, es un ataque económico a nuestras comunidades”, afirma Luz Méndez, propietaria de un local de envíos en El Bronx.
La ley tampoco contempla mecanismos de compensación ni protección para estos pequeños comerciantes, que suelen carecer de reservas suficientes para enfrentar una caída abrupta en ingresos. En muchos casos, estas remesadoras también ofrecen servicios paralelos —como traducción, llenado de formularios o asesoría de impuestos— que podrían verse arrastrados por la crisis del rubro principal.
Crisis con efecto dominó
El impacto va más allá del cierre de locales. Afectará empleos, reducirá la recaudación fiscal local, y dejará vacíos comerciales en zonas donde ya hay alta rotación de negocios. Además, se socava un ecosistema económico que, pese a su informalidad relativa, juega un rol central en el sostenimiento económico de las comunidades migrantes.
Organizaciones comunitarias, cámaras de comercio locales y defensores de los derechos del migrante ya han comenzado a levantar la voz, advirtiendo que esta ley, lejos de fortalecer la economía estadounidense, la fragmenta desde adentro.
En lugar de una política fiscal racional, la medida parece diseñada para empujar a los migrantes hacia la marginalidad, tanto en su vida personal como en sus relaciones económicas. Si no se revierte o se ajusta esta legislación, Estados Unidos podría enfrentar una ola silenciosa de cierres de pequeños negocios, pérdida de empleos locales y un aumento de prácticas financieras inseguras, sin resolver los problemas migratorios que dice querer abordar.