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Por: Anulfo Vargas Vásquez
La Operación Camaleón, que ha expuesto un esquema de corrupción en el caso INTRANT, marca un nuevo capítulo en la compleja lucha contra la corrupción en la República Dominicana. En el centro del escándalo se encuentran altos funcionarios y empresarios, acusados de manipular la adjudicación de un contrato millonario para la modernización de los semáforos en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, este caso no solo se ha limitado a la exposición de una red de crimen organizado, sino que también ha revelado tensiones profundas en torno a cómo se imparte justicia en el país. La Justicia en Cuestión: ¿Un Esfuerzo Transparente o una Estrategia Mediática?
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pesca), ha presentado cargos graves contra los implicados, entre ellos José Ángel Gómez Canaán, [ Jochi Gómez] y Hugo Beras Goico Ramírez, exdirector del Intrant. Los delitos que se les imputan van desde asociación de malhechores y lavado de activos hasta comercio ilícito y estafa. A simple vista, parece un esfuerzo decidido por parte del Estado para combatir la corrupción en un área tan nurágico como el tránsito y la movilidad en Santo Domingo. Pero, ¿es esto realmente un avance en la transparencia, o estamos ante un espectáculo de justicia mediatizada?
Uno de los elementos más polémicos en este caso ha sido la manera en que las autoridades han llevado a cabo los procedimientos judiciales. Los abogados defensores han levantado fuertes denuncias por lo que consideran violaciones graves a los derechos fundamentales de los acusados. Allanamientos nocturnos, uso desproporcionado de la fuerza y falta de notificación adecuada han sido algunos de los puntos clave que la defensa ha señalado como muestra de que los procedimientos han sido, en el mejor de los casos, irregulares y, en el peor, violatorios de la ley.
Estas acciones despiertan dudas legítimas sobre si la lucha contra la corrupción se está manejando conforme al Estado de derecho o si, por el contrario, estamos ante una estrategia de intimidación y presión mediática. Este enfoque plantea la inquietud de si, en el afán de mostrar resultados en la lucha contra la corrupción, el sistema judicial está sacrificando los derechos fundamentales y las garantías procesales de los implicados.
¿Justicia o Juicio Anticipado?
Uno de los principios fundamentales de la justicia es la presunción de inocencia. Sin embargo, en casos de alto perfil como la Operación Camaleón, la presión pública y la cobertura mediática a menudo resultan en juicios anticipados por parte de la sociedad, lo que socava el debido proceso. Las denuncias de la defensa sobre el uso excesivo de la fuerza durante los arrestos y allanamientos, así como la supuesta falta de notificación oportuna a los acusados, sugieren que estos procedimientos no solo fueron diseñados para obtener pruebas, sino también para desacreditar a los imputados ante la opinión pública.
Algunos abogados, como Carlos Olivares y Carlos Balcácer, han calificado estas acciones como parte de una estrategia más amplia para «moralmente debilitar» a sus clientes y crear una percepción negativa en la sociedad que favorezca al Ministerio Público. Aunque las autoridades, por su parte, han defendido la legalidad de los procedimientos, estas críticas apuntan a una erosión en la confianza pública sobre la verdadera imparcialidad de la justicia dominicana. Los allanamientos nocturnos, la entrada violenta a las viviendas de los acusados y el uso de la fuerza desproporcionada evocaron escenas típicas de las redadas contra mafiosos en los tiempos de la prohibición en Estados Unidos. Los agentes irrumpieron en los domicilios de manera agresiva, según los abogados, sin respetar los protocolos adecuados. En algunos casos, se alega que no hubo suficiente notificación previa a los implicados, lo que obstaculizó su capacidad de defensa inmediata.
Estos operativos, calificados por algunos como excesivos, han sido defendidos por el Ministerio Público, que argumenta que los arrestos se realizaron conforme a la ley, con órdenes debidamente emitidas por jueces competentes y respaldadas por pruebas sustanciales. No obstante, las escenas que se vivieron durante las detenciones han suscitado comparaciones con épocas de represión y operativos espectaculares, donde el uso del poder judicial y las fuerzas del orden parecían más enfocados en generar un impacto mediático que en garantizar un proceso justo.
«Este despliegue de fuerza ha alimentado la percepción de que, en este caso, la justicia ha estado acompañada de una dosis de teatralidad, lo que pone en duda si los procedimientos judiciales han sido realmente proporcionales a la gravedad de los hechos investigados. La sociedad dominicana observa con atención si el sistema judicial avanzará de manera transparente y equilibrada o si este escándalo seguirá el camino de otros casos de alto perfil, donde la espectacularidad inicial se diluye en la impunidad.»
