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El sistema penitenciario en la República Dominicana lleva años siendo sinónimo de corrupción, hacinamiento y violación de derechos humanos. A pesar de los avances anunciados por el doctor Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), la implementación de un modelo penitenciario eficiente y justo sigue enfrentando obstáculos estructurales que amenazan con perpetuar el statu quo.
La raíz del problema: corrupción institucionalizada
El sistema carcelario tradicional ha sido un espacio donde la corrupción se ha normalizado. Desde 2016, según Santana, mafias enquistadas en la Procuraduría General de la República han frenado y distorsionado las reformas necesarias, actuando en función de intereses económicos antes que de la justicia. Estas mafias no solo representan una amenaza para el avance de la reforma, sino que son un síntoma de un problema más profundo: un sistema judicial y penitenciario que carece de mecanismos efectivos de supervisión y transparencia.
La propuesta de Santana de desvincular el sistema penitenciario de la Procuraduría General y transferir su gestión a un Ministerio de Justicia o un organismo autónomo parece un paso lógico y necesario. Sin embargo, ¿cuál es la garantía de que esta nueva estructura no será igualmente vulnerada por las mismas prácticas corruptas? Si no se depuran los actores involucrados ni se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas, este cambio corre el riesgo de ser meramente cosmético.
El avance hacia un modelo humanizado
El modelo planteado por ONAPREP, que incluye la construcción de 52 centros penitenciarios y la implementación de programas educativos y recreativos, es sin duda un enfoque prometedor y alineado con estándares internacionales de derechos humanos. La meta de «cero ocios» y la separación de internos preventivos de condenados reflejan una voluntad de abordar problemas crónicos, como el hacinamiento y la inactividad que fomentan la violencia en los recintos carcelarios.
Sin embargo, el progreso hacia este modelo enfrenta barreras importantes. La resistencia de sectores internos que lucran con el caos y la ineficiencia del sistema actual es uno de los mayores desafíos. Además, la eliminación de policías y militares del personal penitenciario, aunque ideal en teoría, requerirá una transición cuidadosa para evitar un vacío de poder que pueda empeorar las condiciones en las cárceles.
Un horizonte incierto: el peligro de las contrarreformas
El problema de fondo radica en que cualquier reforma en el sistema penitenciario no solo debe enfocarse en infraestructura o programas educativos, sino también en una transformación cultural e institucional. La corrupción y la falta de voluntad política han sido históricamente los mayores enemigos de las reformas estructurales en la República Dominicana. Si bien la construcción de nuevos centros penitenciarios es un paso tangible, esto no resolverá por sí solo la raíz del problema.
Las mafias que controlan partes del sistema penitenciario no desaparecerán con buenas intenciones ni con discursos sobre el futuro. Requieren un enfrentamiento decidido desde el Estado, algo que, hasta ahora, parece insuficiente. Como lo advierte Santana, «si no se remueven, no estamos hablando de nada». Esta frase, contundente y directa, resume la realidad: sin una voluntad política fuerte para erradicar la corrupción, las reformas quedarán atrapadas en la burocracia y el cinismo.
El papel de la sociedad y el Estado
La crisis del sistema carcelario no es solo un problema del Estado, sino un reflejo de una sociedad que ha tolerado por demasiado tiempo la corrupción y la desigualdad. Las cárceles son una extensión de un sistema judicial que, en muchos casos, prioriza a los poderosos mientras deja a los más vulnerables atrapados en un círculo vicioso de pobreza y criminalidad.
Es hora de que la reforma penitenciaria sea tratada como una prioridad nacional, no como una promesa de campaña o un proyecto aislado. El éxito del modelo planteado por ONAPREP dependerá de la presión que ejerzan las instituciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos. Solo con un enfoque colectivo será posible garantizar que los recursos asignados a las reformas sean utilizados de manera eficiente y que se elimine el cáncer de la corrupción.
¿esperanza o fracaso anunciado?
El sistema penitenciario dominicano se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el modelo propuesto ofrece una oportunidad para transformar un sistema arcaico y corrupto. Por otro, las fuerzas que se oponen al cambio parecen tan fuertes como siempre. El verdadero reto será garantizar que esta reforma no se quede en un simple plan sobre el papel, sino que se traduzca en resultados concretos para 2028.
El tiempo dirá si estamos ante un cambio real o simplemente frente a otra promesa que se diluirá en las aguas turbias de la corrupción y la inacción. Mientras tanto, el país no puede darse el lujo de ignorar una realidad que afecta no solo a los privados de libertad, sino a toda la sociedad. Las cárceles son un espejo de nuestras instituciones. Es hora de decidir si queremos ver en ese espejo un reflejo de progreso o una confirmación de nuestro fracaso.
