|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por: Anulfo Vargas Vásquez
La decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de reforma fiscal refleja las complejas interacciones entre política, economía y sociedad en la República Dominicana. La iniciativa buscaba revisar las exenciones fiscales, mejorar la eficiencia del gasto público e impulsar inversiones estratégicas, con el fin de reducir el déficit fiscal y evitar un aumento insostenible de la deuda pública. Sin embargo, las implicaciones sociales y el temor a la inestabilidad llevaron al gobierno a suspender temporalmente su discusión, postergando medidas consideradas inevitables por expertos y organismos internacionales.
El entorno político: Presión social y riesgo de conflictividad
Las reformas fiscales en la República Dominicana suelen ser fuente de controversia. En un momento marcado por altas expectativas sociales y presiones inflacionarias, el riesgo de movilizaciones populares fue un factor determinante en la decisión del gobierno de aplazar la propuesta. La experiencia de protestas en países vecinos como Colombia y Ecuador también pudo haber influido en la decisión de evitar un escenario de conflictividad social similar.
En este panorama, el presidente Abinader debía equilibrar la necesidad de modernizar el sistema tributario con la preservación de la estabilidad política. La ciudadanía, desgastada por la inflación y por servicios públicos deficientes, podría haber reaccionado con descontento ante una reforma que implicaba mayores cargas fiscales. Además:
- Sectores empresariales expresaron su preocupación por el impacto de un alza impositiva en la actividad económica y la competitividad del país.
- Economistas y actores del sector privado advirtieron que una reforma precipitada podría desincentivar la inversión y afectar el crecimiento a largo plazo.
Ante estas tensiones, algunos expertos han sugerido un enfoque más gradual, promoviendo alianzas público-privadas y eliminando exenciones fiscales selectivas en lugar de implementar cambios drásticos e inmediatos.
Estrategia gubernamental: Construir consenso antes de la reforma
La retirada del proyecto fiscal no implica su abandono definitivo, sino que responde a una estrategia política más amplia de diálogo y búsqueda de consenso. El gobierno ha manifestado su intención de convocar mesas de trabajo con representantes de los sectores económico y social para alcanzar acuerdos que faciliten la adopción de una reforma más aceptada.
Desde el Ejecutivo, se insiste en que la reforma sigue siendo prioritaria y se alinea con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. El plan a largo plazo busca garantizar la sostenibilidad fiscal del país sin frenar su crecimiento económico. Sin embargo, lograr esta meta requerirá un delicado balance entre satisfacer las demandas ciudadanas y asegurar la estabilidad macroeconómica.
Una deuda creciente: El talón de Aquiles fiscal
El aplazamiento de la reforma fiscal deja abierta la pregunta de cómo el gobierno enfrentará los crecientes desafíos financieros. Según datos recientes:
- La deuda pública consolidada representa el 62.3% del PIB en 2024, mientras que el sector público no financiero acumula obligaciones por 54,996 millones de dólares.
- La deuda cuasi fiscal del Banco Central también se ha incrementado un 14.6% en 2023, alcanzando el 16.6% del PIB.
El pago de intereses absorbe el 19.2% del presupuesto estatal, limitando los recursos disponibles para sectores esenciales como educación y salud. En total, el costo de la deuda pública (interna y externa) alcanza RD$155,496 millones, lo que obliga al gobierno a refinanciar pasivos constantemente para evitar déficits mayores.
El riesgo de no reformar
El Banco Mundial y otras instituciones internacionales han advertido que, si no se implementan reformas estructurales, la sostenibilidad fiscal del país se verá comprometida. La capacidad de la República Dominicana para cumplir con sus obligaciones financieras y mantener el acceso al financiamiento internacional dependerá de que en algún momento se adopten ajustes fiscales profundos.
Un respiro político, pero con plazos limitados
El retiro temporal de la reforma fiscal ha brindado al gobierno un alivio inmediato en términos de presión política, evitando conflictos sociales y confrontaciones con el sector empresarial. Sin embargo, el desafío persiste: la falta de ajustes fiscales prolonga los problemas estructurales y aumenta la dependencia del endeudamiento.
En los próximos meses, el gobierno deberá demostrar su capacidad para gestionar eficientemente el gasto público y liderar negociaciones que resulten en una reforma con amplio respaldo social y empresarial. La sostenibilidad de las finanzas públicas será una de las pruebas más difíciles para la administración de Abinader y definirá, en buena medida, el rumbo económico del país en los próximos años.
