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La pregunta número tres de la boleta electoral propone reducir trámites burocráticos en el Departamento de Transporte, pero genera opiniones encontradas entre abogados y sectores comunitarios.
NUEVA YORK. Los votantes de la ciudad de Nueva York tendrán la oportunidad de decidir sobre una propuesta que modificaría los procedimientos que sigue el Departamento de Transporte (DOT) antes de implementar importantes proyectos viales, entre ellos la instalación de carriles exclusivos para autobuses y bicicletas.
La iniciativa forma parte de las cinco preguntas incluidas en la boleta electoral de este año. En particular, la pregunta número tres plantea cambios en los mecanismos de consulta entre agencias municipales y en los procedimientos utilizados para ejecutar modificaciones al sistema de transporte.
Ann Cheng, directora ejecutiva de la Comisión de Eficiencia Gubernamental (COGE), explicó que actualmente la legislación exige al Departamento de Transporte consultar con otras cuatro agencias antes de desarrollar determinados proyectos de gran impacto.
Ese requisito se mantendría, pero la propuesta permitiría que los responsables de cada dependencia municipal determinen cuáles de sus divisiones internas deben participar en el proceso, eliminando disposiciones que establecen consultas específicas dentro de cada agencia.
Otro aspecto de la medida está relacionado con el procedimiento de «necesidad inmediata», mediante el cual las autoridades pueden implementar cambios de transporte cuando consideran que existe una situación urgente que requiere intervención.
Cheng señaló que la propuesta establecería que esas decisiones estén respaldadas por estadísticas de accidentes y otros indicadores de seguridad vial. Además, permitiría completar las últimas etapas de consulta con funcionarios electos y juntas comunitarias mientras se ejecutan las modificaciones.
La iniciativa ha generado posiciones encontradas entre profesionales del derecho y representantes de sectores afectados por los proyectos de infraestructura vial.
El abogado Peter Beadle, quien presentó una demanda contra la ciudad relacionada con el carril para bicicletas de Bedford Avenue, considera que las autoridades todavía tendrían que demostrar que existe un riesgo significativo de lesiones para justificar la aplicación del procedimiento de emergencia.
En ese sentido, sostuvo que los datos de seguridad podrían ser exigidos durante eventuales impugnaciones judiciales, por lo que continuaría existiendo la posibilidad de revisión por parte de los tribunales.
Sin embargo, Hartley Bernstein, abogado que representa a residentes y comerciantes opuestos a la instalación de carriles protegidos para bicicletas, expresó preocupación por los cambios. A su juicio, la propuesta podría eliminar requisitos de consulta con dependencias locales de la Policía y los Bomberos, dificultando que las comunidades cuestionen determinadas decisiones municipales.
Bernstein advirtió que reducir los procedimientos podría limitar los argumentos disponibles para impugnar judicialmente proyectos de transporte.
Por su parte, Cheng defendió la iniciativa al señalar que su propósito es disminuir la burocracia y agilizar los procesos administrativos, sin eliminar la consulta entre agencias ni la participación de las comunidades.
La propuesta necesitará obtener una mayoría simple de los votos para ser aprobada.
De prosperar, representaría un cambio en la manera en que la ciudad organiza y ejecuta determinados proyectos de transporte, en un debate que enfrenta la necesidad de agilizar las obras públicas con las demandas de transparencia, seguridad vial y participación ciudadana.





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