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Violento desalojo en Sosúa deja heridos y arrestos, incluido un sacerdote

Por: Aridio Perdomo

aridioperdomo1@gmail.com

SOSÚA, Puerto Plata:-Enfrentamientos a tiros, pedradas, apresamientos de manifestantes, incluyendo al sacerdote de la parroquia del sector La Unión de este municipio, caracterizaron el ambiente en el barrio Cerro Alto donde comunitarios y familias de lugar se enfrentaron a militares y policías que intentaban desalojarlas de unos terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

El representante de la Iglesia católica, Juan Luís Díaz Bonilla, optó por sumarse a las protestas al comprometerse públicamente con la comunidad que rechaza dicho desalojo forzoso.

El párroco Díaz Bonilla proclamó a «viva voz, estamos dispuestos a morir por los pobres, en medio de esta manifestación pacífica en apoyo a las familias afectadas».

El ambiente se tornó tenso cuando llegaron los militares del Comando Aéreo Norte, incluso emplearon el uso de la fuerza en contra de los que protestaban, los cuales pedían respeto a sus derechos de ocupar esos terrenos y tiempo para ser escuchados por las autoridades del Gobierno.

Esta madrugada se inició la segunda fase del desalojo de las familias que llevan años en estos predios, pero las autoridades del CEA alegan que estas son invasoras, por lo tanto serán desalojadas de estos terrenos en disputa.

Hasta ahora brigadas de demolición al servicio del CEA han destruido estructuras no habitadas, tendido eléctrico, situación que ha generado tensión entre las familias que reclaman las reubiquen en otro lugar.

El sacerdote Díaz Bonilla reveló a los periodistas que fue agredido a trompadas y patadas por grupos de agentes policiales de Sosúa, los cuales llegaron para supuestamente imponer el orden, incluso fue subido en la cama de un camión en compañía de otros manifestantes y trasladados a la Dirección Norte de la institución del orden público con sede en Puerto Plata.

Dijo que el Gobierno estás en el deber de proporcionarle un pedazo de tierra a dichas familias para que puedan «vivir dignamente en estos terrenos dónde llevan años ocupando los mismos de manera legal».

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