|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El asesinato de un diputado y tres integrantes de su equipo de seguridad debe convertirse en un punto de inflexión. Guatemala necesita unidad, instituciones fuertes y una decisión nacional de enfrentar el crimen organizado.
El asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y de tres integrantes de su equipo de seguridad, ocurrido el pasado 6 de noviembre en Río Hondo, departamento de Zacapa, constituye un hecho que debe estremecer la conciencia nacional de Guatemala. No estamos ante un episodio más de violencia. Estamos ante un ataque armado que terminó con la vida de un representante electo y de quienes tenían la responsabilidad de protegerlo.
Cuando el crimen organizado demuestra que tiene capacidad para atacar de esta manera, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad pública y se convierte en una amenaza directa contra las instituciones democráticas, la estabilidad política y la tranquilidad de toda una nación.
Guatemala no puede permanecer indiferente. Tampoco puede permitir que el miedo, la intimidación y la violencia se conviertan en parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos.
La historia de Centroamérica debería servirnos de advertencia. Guatemala conoce demasiado bien las consecuencias de la violencia política, los enfrentamientos internos y la debilidad institucional. Su pasado dejó heridas profundas que todavía merecen respeto, memoria y reparación. Por eso, el país no puede permitir que las nuevas generaciones hereden otra etapa marcada por el terror, la impunidad y el poder de las organizaciones criminales.
El Salvador, por su parte, ha vivido una transformación importante en materia de seguridad durante los últimos años. Sus resultados en la reducción de determinados índices de violencia han generado atención internacional, pero también debates sobre derechos humanos, garantías judiciales y el equilibrio entre seguridad y libertad. Guatemala debe estudiar esas experiencias con seriedad, aprender de sus aciertos y evitar sus errores. La seguridad es indispensable, pero no debe construirse al margen de la Constitución ni de los derechos fundamentales.
La lucha contra el crimen no puede convertirse en una bandera exclusiva del Gobierno, de un partido político o de un sector ideológico. Tiene que ser una causa nacional.
Es momento de que el Gobierno, la oposición, el Congreso, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, los empresarios, las iglesias, las universidades y las organizaciones sociales comprendan que existen amenazas que están por encima de las diferencias políticas. Ningún partido puede sentirse seguro mientras el crimen organizado tenga capacidad para desafiar al Estado.
La respuesta debe comenzar con una investigación independiente, transparente y rigurosa que permita identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado contra el diputado Portillo. No basta con detener a quienes ejecutaron el ataque. Es necesario investigar quiénes lo planificaron, quiénes lo financiaron y si existen redes de complicidad que facilitan estas operaciones.
También resulta indispensable combatir la corrupción dentro de las instituciones públicas. El narcotráfico y el crimen organizado no sobreviven únicamente por la fuerza de las armas; necesitan dinero, protección, contactos y, en ocasiones, complicidades desde espacios de poder. Allí es donde el Estado debe demostrar verdadera voluntad política.
La ciudadanía guatemalteca tiene igualmente una responsabilidad. La indiferencia favorece a quienes quieren imponer sus intereses mediante el miedo. La sociedad debe exigir resultados, respaldar a las instituciones que actúan con honestidad y reclamar que los responsables de los crímenes sean llevados ante la justicia.
Pero esa unidad no significa renunciar a la crítica ni conceder poderes ilimitados a las autoridades. Significa respaldar una política de seguridad efectiva, profesional y respetuosa del Estado de derecho. Un país no se fortalece debilitando su democracia, sino haciendo que sus instituciones funcionen y que la ley se aplique sin privilegios.
El asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido semanas antes, y ahora el atentado contra el diputado Portillo deben ser señales de alarma para toda Guatemala. Cada crimen sin esclarecer aumenta la desconfianza ciudadana y alimenta la percepción de que existen sectores capaces de actuar por encima de la ley.
Guatemala necesita una gran alianza nacional contra el crimen, sin exclusiones partidarias y sin cálculos electorales. Una alianza que incluya a los guatemaltecos que viven dentro y fuera del país, porque la defensa de la democracia y la seguridad de una nación también compromete a quienes, desde el exterior, mantienen sus raíces y su esperanza en ella.
No se trata de buscar culpables por conveniencia política, sino de defender el futuro de una nación. No se trata de escoger entre seguridad y democracia: Guatemala necesita ambas.
El momento de actuar es ahora. La unidad no puede llegar después de otra tragedia.
Que los guatemaltecos se unan hoy contra el crimen, para que mañana no tengan que lamentar haber llegado demasiado tarde.
Luis Castillo
